La Eurocámara pide a la justicia europea que se pronuncie sobre envío de datos de pasajeros a Canadá

ESTRASBURGO (FRANCIA), 25 (EUROPA PRESS)

El pleno de la Eurocámara ha pedido este martes al Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TJUE) --por 383 votos a favor, 271 en contra y 47 abstenciones-- que se pronuncie sobre la legalidad del nuevo acuerdo por el que la UE se compromete a enviar a Canadá los datos de los pasajeros aéreos de los vuelos transatlánticos para la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.

Se trata de la primera vez que el Parlamento pide al Tribunal de Justicia que examine un acuerdo para transferir datos de los pasajeros aéreos antes de someterlo a votación. La UE tiene pactos similares con Estados Unidos y Australia.

"Queremos seguridad jurídica para los ciudadanos de la UE y las aerolíneas, no sólo respecto al acuerdo entre la UE y Canadá sino también como referencia para futuros pactos con otros países que impliquen la recogida masiva de datos personales de los ciudadanos europeos", ha dicho la ponente parlamentaria, la liberal holandesa Sophie In't Veld.

"Rusia, México, Corea y otros países con reglas débiles de protección de datos están recogiendo información de los pasajeros aéreos y podrían querer negociar sus propios acuerdos pronto", ha avisado In't Veld. "Debe quedar claro que cualquier acuerdo, presente o futuro, debe ser compatible con los Tratados de la UE y los Derechos Fundamentales y no debe usarse como un medio para rebajar los estándares europeos de protección de datos por la puerta de atrás", ha resaltado.

La resolución se ha aprobado a raíz de una opinión crítica del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la proporcionalidad de este tipo de acuerdos, la transferencia masiva de datos y la base legal escogida. También responde a la reciente sentencia del Tribunal de Justicia que anuló la directiva sobre retención de datos de las telecomunicaciones.

El nuevo acuerdo de transferencia de datos de los pasajeros aéreos fue firmado por la UE y Canadá el 25 de junio de este año, pero necesita el consentimiento de la Eurocámara para entrar en vigor. La votación del Parlamento se aplaza ahora indefinidamente hasta que se conozca el fallo del Tribunal.