Actualmente hay 1.500 bicis de 'sharing' en la ciudad y 2.325 motos
BARCELONA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -
El pleno de Barcelona ha aprobado provisionalmente este viernes la tasa para los servicios de vehículos compartidos --como el 'moto sharing'' y el 'bike sharing'-- que prevé otorgar licencias en la ciudad a un precio de 71,51 euros por vehículo y año, y que ha obtenido los votos a favor de BComú, ERC, PSC y el concejal no adscrito Joan Josep Puigcorbé, la abstención del PP y del concejal Gerard Ardanuy, y el voto en contra de PDeCAT, Cs y la CUP.
El primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha defendido la tasa, mientras que la concejal del grupo Demòcrata Sònia Recasens ha criticado que el Gobierno municipal haya ido promoviendo cambios fiscales pero sin abordar el asunto conjuntamente para avanzar hacia una fiscalidad más justa y equitativa, y Carina Mejías (Cs) ha criticado que el ejecutivo promueva una tasa para los vehículos compartidos antes de regular el sector.
El concejal de ERC Jordi Coronas ha dicho que siempre han defendido que las empresas que generen beneficios con el uso del espacio público devuelvan parte de sus ganancias a la ciudad, aunque ha pedido al Gobierno municipal abordar el modelo de movilidad de la ciudad, mientras que Monsterrat Benedí (PSC) también ha reclamado "poner orden" en el sector a través del diálogo.
El popular Javier Mulleras ha dicho que el equipo de Colau ha desaprovechado otra oportunidad para rebajar tasas, mientras que Eulàlia Reguant (CUP) ha avisado de que se debe regular --o prohibir-- la actividad de los vehículos compartidos, mientras que el concejal no adscrito Joan Josep Puigcorbé ha expresado su apoyo a la medida y Gerard Ardanuy (Demòcrates) ha dicho que se debe avanzar hacia un mejor modelo de movilidad para la ciudad.
LICENCIAS ANUALES
En declaraciones a la prensa, la concejal de Movilidad de Barcelona, Mercedes Vidal, ha afirmado que la tasa nos permitirá continuar con un diálogo con el sector del 'sharing' para concretar las condiciones de la prestación de su servicio en la ciudad, y no ha descartado la posibilidad de "introducir bonificaciones y medidas complementarias para beneficiar la expansión del 'sharing' en la ciudad".
El Gobierno municipal considera que hace falta aprovechar las oportunidades que generan este tipo de iniciativas, aunque ha destacado que también se necesita un marco regulador que permita a los operadores explotar los sistemas de forma segura y estable y minimizar los impactos negativos de estos servicios.
El Ayuntamiento ha indicado que la regulación propondrá limitar el número de vehículos de alquiler compartido estacionados en la vía pública, y ha detallado que actualmente hay 1.500 bicis de 'sharing' en la ciudad y 2.325 motos, y el número de licencias permitiría, en primera instancia, un crecimiento del 70% en el número de bicis y un 47% el de motos.
Las empresas estarán obligadas a utilizar los vehículos, cumplir los requisitos de sostenibilidad municipal, incorporar sistemas de geolocalización, retirar los vehículos inoperativos o averiados en menos de 24 horas, y poner a disposición del Ayuntamiento los datos de uso del sistema en tiempo real para conocer "el grado de ocupación de la vía pública".
ANCLAJES RESERVADOS
Asimismo, todas las bicicletas deberán anclarse en los espacios habilitados en la vía pública para el estacionamiento de bicis y, para hacer compatible el uso de las bicis compartidas con las de uso personal, el Gobierno propone un Decreto de Alcaldía para reservar estacionamientos para los vehículos particulares en aquellas zonas de la ciudad con mayor presión turística o necesidades específicas.
El consistorio también ha destacado que los vehículos compartidos comportan una serie de impactos positivos sobre las pautas de movilidad, ya que reducen y renuevan el parque de vehículos, ayudan a disminuir la contaminación atmosférica y acústica, estimulan los desplazamientos intermodales y el uso del transporte público, e impulsa el uso de vehículos eléctricos.
