El transporte público de Barcelona congela tarifas y crea un título para episodios contaminantes

BARCELONA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciado este lunes que el Govern, el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) han acordado congelar las tarifas del sistema de transporte público metropolitano de Barcelona de cara a 2017, y también crear una tarjeta para episodios de contaminación y ampliar la gratuidad de la T12 hasta los 16 años, un año más que actualmente.

También facilitarán el acceso a los parados al transporte público, a los que ofrecerán una T-Mes a precio similar al de una T10 --unos diez euros-- si tienen ingresos inferiores o iguales al salario mínimo interprofesional, han explicado este lunes en una comparecencia la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, y el vicepresidente de Movilidad del AMB, Antoni Poveda, junto a Puigdemont tras reunirse en la Generalitat.

La tarjeta diseñada para los episodios de contaminación tendrá un coste de 1,8 euros para dos viajes que deberán realizarse en el mismo día pensados para usuarios no habituales, con el objetivo de ofrecer alternativas, porque en estos episodios ambientales "se deberán hacer restricciones de acceso del tráfico privado", ha advertido el conseller.

Puigdemont ha destacado que estas y otras medidas provocarán un incremento del coste del sistema de transporte público en 20 millones de euros, que asumirán las administraciones para que no repercutan a los ciudadanos, y ha exigido al Gobierno central que "asuma la parte que le tocaría", que ha detallado que sería de diez millones, la mitad del total.

Colau ha explicado que han enviado una carta al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la que piden que Gobierno central incrementar su aportación a la financiación del transporte público e invierta estos diez millones para garantizar la sostenibilidad del sistema, y ha exigido que el Estado aumente su aportación para los próximos años.

"De cara a 2018, para actualizar inversiones, reclamamos 147 millones. Que de los actuales 98 millones pase a 108 millones en 2017, y que en 2018 suba a 147 millones", ha exigido la alcaldesa, quien ha recordado que los Estados se han comprometido a promover el transporte público para combatir la contaminación.

Poveda ha destacado que, desde el AMB, hacen "una reclamación a la administración general del Estado para recuperar cantidades recortadas y que se implique más en la financiación del transporte público", asunto que requiere una ley para facilitar la estabilidad, según el también alcalde de Sant Joan Despí.

Rull ha reclamado al Gobierno central que aporte cantidades similares a las que asume en la Comunidad de Madrid e incluya en el sistema integral a 13 comarcas y no a las siete actuales --no contempla Anoia, Bages, Berguedà, Osona, Moianès y Ripollès--, y ha reclamado que "pueda haber transferencias estables" y previsibles del Estado.

CARTA A MONTORO

La carta, firmada por Rull, Poveda y la concejal de Movilidad de Barelona, Mercedes Vidal, destaca que las tres administraciones --que forman el consejo de administración de la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Barcelona-- están preocupadas por la sostenibilidad del sistema y abogan por elaborar una ley de financiación del transporte público que cuente con apoyo territorial y político.

Destaca que la Generalitat ha aumentado su aportación entre 2008 y 2016, pasando de 225 a 350 millones; el Ayuntamiento ha subido de 89 a 128 millones, y el AMB, de 71 a 108, mientras que la aportación del Estado ha disminuido en el mismo periodo, pasando de 173 millones a 98, ante lo que exigen una "recuperación progresiva de las aportaciones".

RÉCORD DE VIAJEROS

Rull ha destacado que, en los ocho primeros meses de este año, el sistema metropolitano de Barcelona ha batido un "récord histórico de utilización del transporte público", para lo que es imprescindible que se preste un servicio de calidad, algo que requiere un esfuerzo de primer orden que asumen las administraciones catalanas, en sus palabras.

Poveda ha recordado que han congelado tarifas los últimos tres años y que en 2014 aprobaron también rebajar la T10 un 3%, tras lo que ha defendido que este acuerdo es "básico para facilitar la movilidad de la ciudadanía", y ha destacado que se cubrirá toda la etapa de escolarización obligatoria con la ampliación de los beneficiarios de la T12.