La necesidad de viviendas protegidas en la capital malagueña es de 20.885, según el Gobierno andaluz
MÁLAGA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Obras Públicas y Transportes, Concepción Gutiérrez, firmó hoy con los alcaldes de los municipios malagueños de Antequera, Benalmádena, Coín, Estepona, Mijas y Rincón de la Victoria sendos protocolos para la aportación de suelo para construir 9.512 viviendas protegidas en estas localidades, lo que se enmarca dentro de los acuerdos recogidos en el Pacto por la Vivienda en Andalucía, suscrito el pasado mes de diciembre.
Así, para Estepona se prevén para el periodo 2008-2012 un total de 2.248 viviendas protegidas; para Mijas, 2.076; para Benalmádena, 1.746; para Antequera, 1.500; para Rincón de la Victoria, 1.181, y para Coín, 761.
Durante el primer semestre de 2008, los diferentes ayuntamientos remitirán a la Junta la programación específica de viviendas para los próximos cuatro años, de manera que sirva de base al Gobierno andaluz para elaborar una información sistematizada y asequible a todos los vecinos de cómo queda definido el mapa de suelo residencial con destino a vivienda protegida para el periodo 2008-2012.
El objetivo de estos protocolos, que se remitirán a todos los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes que la Junta sepa que tienen suelo urbanizable sin edificar, es facilitar la construcción de estas viviendas protegidas, de las que al menos dos terceras partes tendrán como destinatarios familias cuyos ingresos no superan en 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).
Se trata, por tanto, de inmuebles con una superficie entre 70 y 80 metros cuadrados, cuyo precio no supera los 90.000 euros. Las restantes viviendas cubrirán la banda de solicitudes hasta 5,5 veces el Iprem.
Gutiérrez, quien dijo que hace dos semanas empezaron a trabajar con distintos consistorios para ver cuál era su disponibilidad, acordando un texto de protocolo a principios de esta misma semana, precisó que, respetando los criterios generales establecidos por la ley, los sistemas para la adjudicación de las viviendas serán acordados por cada ayuntamiento --registros, sorteos, etcétera--.
El propósito ahora es que "la Junta ayude a los ayuntamientos a obtener acuerdos con los promotores para que se construyan viviendas protegidas a precios asequibles", según subrayó en rueda de prensa la titular andaluza de Obras Públicas y Transportes.
Estos protocolos agilizan los procedimientos administrativos y establecen ayudas económicas adicionales para que se utilicen aquellos suelos urbanizables en los que, por determinadas razones, no se ha construido. "En este proceso participan la Junta y el Ayuntamiento, pero también el promotor", matizó.
Los suelos para estas viviendas se obtendrán en el actual proceso de adaptación de los correspondientes planeamientos municipales a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y con la agilización de los procesos de gestión de los suelos calificados actualmente como urbanos o urbanizables y que no están en el mercado, de modo que se ofrezca de manera inmediata o a corto plazo una amplia oferta de viviendas protegidas.
Por su parte, además de la correspondiente coordinación y ayuda técnica que presta la Administración autonómica a cada municipio en esta materia, la Consejería de Obras Públicas y Transportes aportará una ayuda de 3.000 euros por cada vivienda que se ponga en el mercado, destinándola a la realización de obras de urbanización. De esta manera se pretende colaborar en la concreción de convenios urbanísticos para el desarrollo de las correspondientes promociones.
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA.
Según un estudio realizado por la Junta de Andalucía, la necesidad de viviendas protegidas en la provincia de Málaga es de 53.634, de las que 20.885 corresponden a la capital y unas 9.000 a municipios de menos de 20.000 habitantes.
Así, ayer se envió al Ayuntamiento de Málaga una propuesta específica, por lo que Gutiérrez espera que en los próximos días el Consistorio dé una respuesta acerca de si está interesado en trabajar en dicho protocolo.
Gutiérrez recordó que la propuesta de convenio con Málaga incorpora la reserva de suelo en Soliva, donde se prevén cerca de 5.000 viviendas protegidas. No obstante, explicó que en el caso de las reservas, al ser todavía suelos rústicos, el periodo es más largo, no se construirían hasta el segundo quinquenio, después de 2012, al tener que incorporarse al planeamiento urbanístico y necesitar la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
La titular andaluza de Obras Públicas dejó claro que su Consejería es "flexible, estará a lo que plantee el Ayuntamiento y se respetará siempre lo que éste diga". De hecho, señaló que el protocolo se suscribiría "cuando el Ayuntamiento esté en disposición de firmarlo, en cualquier momento que quiera el alcalde, Francisco de la Torre, no hay un plazo, sino cuando esté en disposición de identificar los suelos y los promotores".
Expuso que, probablemente, también habrá un texto específico para los ayuntamientos del área metropolitana de Málaga donde el Plan de Ordenación del Territorio (POT) plantea reservas específicas de suelo con las que responder a la previsión de vivienda a medio y largo plazo, tales como Cártama o Álora.
Por último, la consejera afirmó que a los 1.900 millones de euros previstos hasta 2013 para los planes de vivienda se añade una previsión presupuestaria anual de 100 millones para "poder invertir de forma directa en la urbanización de suelo para vivienda protegida a precio asequible para familias que no superen 2,5 veces el salario mínimo". "Así, conforme se vean las necesidades, se irá aportando el dinero, respondiendo a los alcaldes que sean más ágiles", aseveró, al tiempo que aseguró que "no va a haber falta de dinero".
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