SEVILLA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -
El colectivo de recurrentes contra el 'concursillo' docente de traslados que la Junta de Andalucía promovió mutándolo en comisión de servicios, contra lo que este grupo de trabajadores de la administración educativa andaluza inició proceso de demanda contencioso-administrativa solicitando su paralización al entender que en sus términos actuales el procedimiento incurre en "fraude de ley" y "discriminación", han reclamado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) una ampliación del expediente administrativo.
Así lo han indicado a Europa Press fuentes del caso, después de que el TSJA diera traslado de la documentación a los recurrentes tras requerir a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para que remitiera el expediente de tramitación.
Los actuantes, así, han utilizado el plazo de 20 días otorgado por el juzgado a fin de formalizar la demanda para solicitar que se suspenda el mismo al considerar que falta información de relevancia y pedir que ésta sea remitida.
En el caso, el colectivo demandante considera que, "de forma fraudulenta", el Ejecutivo regional publica la modificación de una normativa que discrimina a los docentes al crear en "fraude de ley" una modalidad de comisión de servicio para conciliar la vida familiar, personal y laboral, "prohibiendo solicitarla a un gran sector del profesorado, de más de 20.000 personas", cifra correspondiente a los provisionales, a los que se sumarían los interinos y en prácticas.
Como quiera que, según los afectados, ello va contra la ley al hacer una "discriminación sin justificación alguna" entre funcionarios de carrera, es por ello que se solicitó la paralización del procedimiento.
Si con la anterior fórmula del 'concursillo', histórica reivindicación sindical, la administración podía dar opciones a los profesores que no obtengan el destino deseado en el concurso de traslados de comisiones de servicio en esos destinos de los que han participado, la Junta, en base a los postulados de la Ley de Educación de Andalucía (LEA), habría optado ahora por este modelo "que sólo se dirige a la gente con destino definitivo".
"Cualquier juez ve claramente que es inconstitucional", resume este grupo, que ha promovido escritos presentando su postura ante diputados del Parlamento, el Defensor del Pueblo Andaluz, la propia Consejería de Educación y los sindicatos. Así, pedían suspender el proceso e iniciar nuevas negociaciones para el curso 2017-2018 en las que se tenga en cuenta a todo el personal docente "independientemente de su condición de definitivo, provisional, en prácticas o interino, todo ello bajo el principio constitucional de igualdad".
Y es que, a su juicio, los borradores "no se ajustan a derecho, lesionando gravemente los derechos del colectivo personal funcionario de carrera sin destino definitivo, funcionario en prácticas e interinos".
