CÓRDOBA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -
La portavoz adjunta de IULV-CA en el Parlamento de Andalucía, Elena Cortés, ha avisado este viernes que su grupo, en el ámbito de la comisión de investigación parlamentaria abierta por el supuesto fraude con los cursos de formación para el empleo, pedirá la asunción de "responsabilidades políticas", a pesar del archivo judicial del caso.
En rueda de prensa, Cortés ha dicho que ella va a "respetar" y que no opinará sobre el archivo judicial de la pieza política de los cursos de formación para el empleo financiados con fondos de la Junta de Andalucía, aclarando que, "una cosa es que se archive la causa política en los juzgados y otra cosa distinta es que los grupos parlamentarios o los ciudadanos no exijamos responsabilidad política a aquellos que han estado gobernando esta comunidad autónoma", la cual "tiene ahora más nivel de desempleo que cuando conquistamos la autonomía".
A su juicio, el Gobierno andaluz del PSOE-A "lo que ha hecho es traicionar la voluntad popular que recorrió las calles andaluzas el 4 de diciembre y que conseguimos el 28 de febrero", en base a las "ansias de autonomía y de cambiar las estructuras económicas, sociales y culturales de Andalucía", algo que, en su opinión, "no ha hecho el PSOE".
Por tanto, ha reiterado su respeto al archivo judicial de la causa, si bien Cortés ha precisado que "IU va a exigir responsabilidades políticas, porque estamos en una sede política y no en una sede judicial", ya que "la Justicia va por su lado y, lógicamente, el Parlamento y la política exigen las responsabilidades políticas".
La portavoz adjunta de IULV-CA en la Cámara autonómica ha hecho estas declaraciones tras anunciar que pedirá explicaciones en sede parlamentaria al consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, sobre el "incumplimiento" que, desde su punto de vista, se ha producido con el Plan de Infraestructuras Judiciales de Andalucía.
Igualmente, Cortés, que ha estado acompañada por el edil de IU en Lucena (Córdoba), Miguel Villa, preguntará también a De Llera sobre el procedimiento, cuya legalidad ha puesto en duda Villa, que se puede estar siguiendo por la Junta, mediante negociación directa con un inversor privado, para diseñar y ejecutar el proyecto de la Ciudad de la Justicia lucentina.
