SEVILLA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Andalucía ha subvencionado 6.270 servicios de interpretación de lengua de signos a unas 1.114 personas en el ámbito de la salud, los servicios sociales, actos privados o públicos, comisarías de policía, gestiones administrativas, y comunidades de vecinos, entre otros.
Así lo ha señalado la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, durante Comisión Parlamentaria, donde ha realizado un balance sobre la aplicación de la Ley 11/2011, de 5 de diciembre, por la que se regula el uso de la lengua de signos española en los medios de apoyo a la comunidad oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y con sordoceguera, en Andalucía.
"La accesibilidad de estas personas ha sido siempre y sigue siendo una prioridad para el Gobierno andaluz", ha afirmado Sánchez Rubio, quien ha enumerado algunas de los recursos existentes en la comunidad para este fin.
En este sentido, ha señalado que el curso 2012/2013 hubo 1.232 docentes especialistas, así como 119 intérpretes y ocho equipos de orientación educativa especializados en discapacidad auditiva (uno por cada provincia). A lo que se suma que la Consejería de Educación, Cultura y Deporte ha autorizado el primer centro integrado de formación profesional de la lengua de signos española en Atarfe (Granada).
Para mejorar el acceso a los servicios administrativos de la Junta, el Instituto Andaluz de Administraciones Públicas, la Escuela Andaluza de Salud Pública y la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía realizan cursos para empleados públicos sobre lengua de signos. Asimismo, el teléfono de información a la mujer del IAM (900 200 999) es accesible mediante texto para aquellas mujeres con discapacidad auditiva que lo requieran.
En relación a los servicios de medicación familiar a personas con sordoceguera, la Consejería subvenciona a la Fundación ONCE y a Aspacide a fin de promover la comunicación de este colectivo y fomentar su autonomía personal.
A ello se añaden las actuaciones desarrolladas en materia de atención temprana para niños con discapacidad auditiva. Actualmente, la Federación Andaluza de Familias de Personas Sordas tiene cuatro centros financiados por la Consejería que prestan asistencia y rehabilitación logopédica a 172 menores. A lo que se suman los 333 implantes cocleares realizados en los hospitales públicos andaluces desde 2012.
En cumplimiento de la Ley 11/2011, de 5 de diciembre, Canal Sur Andalucía presenta toda su programación de televisión subtitulada, audiodescrita e interpretada en lengua de signos.
En Andalucía hay 34.529 personas con un grado de discapacidad auditiva mayor o igual al 33 por ciento, de las que el 1,25 por ciento son usuarias de la lengua de signos española.
Por su parte, el diputado popular Rafael Valero Rodríguez ha contradicho la "euforia y optimismo" de la consejera, ya que, a su juicio, la ejecución de la Ley 11/2011, de 5 de diciembre, "ha sido totalmente nula", toda vez que afirma "que ya nació con mal pie, sin dotación presupuestaria".
"LA POLÍTICA DE LA JUNTA SE CARACTERIZA POR LOS IMPAGOS"
Asimismo, critica que la política de la Junta "se caracterice por los impagos y desplantes que ha dejado en situación crítica a la Federación Andaluza de Asociaciones de Personas Sordas, ha condenado al sector a la ruina y a la imposibilidad de ofrecer un servicio público de calidad para las personas con problemas auditivos".
"Un total de 15 intérpretes trabajan en Andalucía par más de 2.400 personas con discapacidad que acuden a un servicio fundamental de asistencia", una escasez que "está impidiendo que se puedan atender situaciones de urgencias, con la suspensión de servicios de 24 horas, que debiera contar con una subvención nominativa, ya que el sistema actual de convocatoria anual ofrece retraso e incertidumbre".
Además, Valero Rodríguez afirma que la federación contaba en 2013 con seis intérpretes para cada provincia, y "hoy hay uno en cada una de ellas", una cifra que "se ha reducido por los impagos y no haber desarrollado dicha ley". Igualmente, califica de "muy grave el conocimiento de que los intérpretes de la lengua de signos de la universidad viven por debajo del umbral de pobreza, un hecho lamentable para los profesionales y los propios afectados".
Por último, señala que la CGT ha denunciado que "se les está negando al alumnado sordo la posibilidad de acudir a cualquier evento de la universidad", por lo que lamenta que "esta sea la integración que vienen vendiendo a bombo y platillo desde 2011, para que se aprueben leyes que no se pueden cumplir". "Cumplan la ley y alcancen el objetivo de un intérprete por cada 1.000 personas, que ahora hay uno por cada 10.000; todo lo demás son eslóganes que no sirven".
