SEVILLA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Empleados Públicos de la Junta de Andalucía 'Al-Andalus' realizará desde este lunes y hasta el 19 de agosto en costas de toda la provincia de Málaga y el 22 de agosto en todas las costas de la provincia de Cádiz una campaña reivindicativa contratando una avioneta publicitaria que sobrevolará las costas de Málaga y Cádiz para criticar la Ley de Reordenación del sector Público de la Junta.
Según ha informado en una nota remitida a Europa Press dicha asociación, esta iniciativa "ha sido pagada por aportaciones y cuestaciones voluntarias realizadas por empleados públicos de todas las provincias de Andalucía y gestionada desde Córdoba.
La pancarta que llevará la avioneta, de color naranja, irá serigrafiada con el lema 'No al enchufismo en la Junta de Andalucía, a la Administración por oposición" y volará "los días de mayor afluencia de visitantes".
Esta es una más de las acciones de protesta que desde mediados de 2010 el colectivo de empleados públicos de la Junta de Andalucía viene desarrollando, con el fin de "informar a la ciudadanía de con la Ley de Reordenación del Sector Público Andaluz, la Administración andaluza, pretende integrar a mas de 26.000 trabajadores que no se han sometido a los procesos legalmente establecidos para acceder a la administración como 'empleados públicos', vulnerando así, el derecho fundamental a acceder a la función pública conforme a los principio de igualdad, mérito, capacidad y publicidad de convocatoria, derecho reconocido y garantizado por los artículos 14 y 23 de la Constitución".
Esta asociación ha recordado que "recientemente el Ministerio Fiscal, en el procedimiento de derechos fundamentales ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ con sede en Sevilla y en el procedimiento de derechos fundamentales seguido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ con sede en Málaga, han estimado dos de las demandas interpuestas por los empleados públicos a este respecto.
Por último, la asociación considera que "la ciudadanía tiene que tener constancia de que la incorporación de estos trabajadores, limitaría casi de forma definitiva, el derecho constitucional de acceso de todos los ciudadanos en igualdad de condiciones a un empleo público".
