El PAR enmienda la ley de la integridad y la ética pública

 

El PAR enmienda la ley de la integridad y la ética pública

Elena Allué (PAR)
EUROPA PRESS
Publicado 10/05/2016 14:31:52CET

ZARAGOZA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PAR en las Cortes de Aragón, Elena Allué, ha defendido la presentación de 37 enmiendas por parte de su grupo al proyecto de ley de integridad y ética pública ya que el texto actual contempla medidas "caras, de legalidad cuestionable", al tiempo que "no es útil, ni resuelve los problemas de la corrupción que se puedan dar en la Comunidad".

En rueda de prensa, Allué ha añadido que el proyecto de ley "vulnera la Constitución, aumenta la burocracia, duplica organismos y trámites, y quiebra el principio de división de poderes" por lo que sus enmiendas persiguen mejorarlo para "tender realmente a erradicar la falta de integridad y ética pública". El plazo para presentar enmiendas terminaba este martes.

La diputada ha explicado que el texto elaborado por el Gobierno de Aragón "pretende suplantar funciones encomendadas a fiscales y jueces en nuestro ordenamiento creando un comisariado político, que es más propio de épocas que deberíamos superar".

Además, "se viola el derecho a la intimidad y rebasan los límites de la Ley Orgánica de Protección de Datos", ha dicho, siendo contrario a los artículos 16, 17 y 18 de la Constitución española respecto a las personas que sirven lo público.

A su entender, no es necesario crear una Agencia de Integridad y Ética pública ya que "resulta cara, no resuelve la corrupción y suplanta la labor de jueces y fiscales y de las propias Cortes de Aragón, lo que nos parece un asunto grave".

Allué ha comentado que "parece más una agencia de colocación y fiscalización de la labor de los empleados públicos y cargos electos" y "un órgano con una preocupante obsesión por el control político", al tiempo que "supone una dotación de personal, presupuesto y cargas", cuando "son tiempos más propicios para adelgazar la Administración en vez de ampliarla de manera innecesaria e ineficiente".

También tendría "difícil encaje entre Gobierno y las Cortes de Aragón, por lo que va a generar más problemas que soluciones", ha apostillado la parlamentaria.

En este sentido, Allué ha sostenido que "los acuerdos a que ha llegado este Gobierno PSOE-CHA con Podemos les van a costar muy caros a los aragoneses" y ha recordado que la Comunidad posee una la Ley de Transparencia, "que debería ser cumplida y desarrollada hasta sus máximas posibilidades, siendo la ética un asunto que debería asumirse de manera transversal e inculcarse desde el rigor educativo, en la familia y en la escuela, hecho que este proyecto de ley no aborda".

CORRUPCIÓN

La diputada del PAR ha señalado que la corrupción es uno de los principales asuntos que preocupa a los aragoneses y por eso habría que afrontar la lucha contra ella "de forma valiente", pero este proyecto de ley "no es ambicioso, ni soluciona los problemas excepcionales que se puedan dar en Aragón" en este ámbito.

Allué ha detallado que no se regula el papel de las empresas privadas en su relación con el Gobierno de la Comunidad, para argumentar que en estos casos "hay una parte que es la corruptora, la que corrompe, y su mención ni aparece".

Por su parte, plantean que la integridad y ética pública sean asumidas por el Justicia y se cree un Consejo de Protección de la Integridad y Ética pública con una participación real de los actores implicados, "mucho más amplio y participativo que lo que el proyecto de ley propone".

En concreto, a través de las enmiendas crean dos capítulos nuevos completos para la ley, uno sobre el Justicia como garante y coordinador integridad y ética pública y otro sobre el citado consejo, adscrito al Justiciazgo.

Allué también ha rechazado que se contemple a creación de un registro de lobbies, cuando en las Comunidades que lo están aplicando "no funcionan" y "sorprende sobremanera que se consideren lobistas a los colegios profesionales y organizaciones religiosas" porque eso significa "no entender el papel de estas entidades en su relación con la Administración, ni lo que es un lobby".

Por eso, han pedido la supresión de la mención de los lobbies y también en este punto ha remarcado que "atenta contra la intimidad obligar a las entidades o particulares a difundir sus deliberaciones de cualquier índole por el mero hecho de que la norma los clasifique como lobistas".

RÉGIMEN SANCIONADOR

La diputada del PAR ha opinado que el régimen sancionador de la ley debería "rehacerse" al establecer infracciones genéricas e indeterminadas "lo que es contrario al principio de tipicidad; no hay una distinción clara entre las infracciones graves y muy graves; no diferencia entre el órgano sancionador y el órgano instructor, ni entre cargos electos y cargos de libre designación".

Igualmente, ha comentado que las sanciones que se contemplan "no tienen nada que ver con la descripción tan dura que se hace en la exposición de motivos" sobre este tipo de hechos.

Por otra parte, Allué ha criticado que en la disposición adicional sexta "se blinde" a los directivos de empresas públicas del actual Ejecutivo PSOE-CHA al imposibilitar su despido sólo por cambio de Gobierno por lo que su grupo ha propuesto que este personal cese inmediatamente en el momento que lo haga el Gobierno saliente", que "es lo lógico y normal".

También ha lamentado que en este momento ni consejeros y ni altos cargos hayan publicado su declaración de bienes, cuando esta nueva ley lo exige. Sobre las tarjetas de crédito, el proyecto prohíbe usarla para gastos de representación y la diputada ha sostenido que puesto que su finalidad es hacer frente a los mismos "si no se quieren usar para eso, lo mejor es eliminarlas".

Por eso, su partido ha presentado una enmienda "para que se diga que la Administración no facilitará tarjetas de crédito y que en caso de valorar la idoneidad se dará cuenta de todos los gastos especificados y motivados".

Por otro lado, ha expresado su desacuerdo con "utilizar las disposiciones finales para modificar leyes tan importantes como la de Urbanismo o Contratos con la Administración pública", "como si fuera una ley de acompañamiento".

Además, el texto "no aporta memoria económica, ni específica los recursos materiales y humanos que van a costar a la Administración aragonesa" para estimar que "la norma debería ser fruto de una previa participación popular de los agentes sociales plurales y libres, establecer nuevas formas de designación democrática y participativa de quienes deben evaluar sin miedos ni dependencias los avances o parálisis de esta ley".


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