ANPRODEFA dice que, en ocasiones, la actuación de la Administración en materia de menores es "arbitraria"

Actualizado: lunes, 26 abril 2010 16:27

La asociación, nacida en Zaragoza, recabará casos de todo España para trasladarlos al Defensor del Pueblo

ZARAGOZA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional Pro-Defensa de la Familia (ANPRODEFA) aseguró hoy que la actuación de la Administración pública en materia de menores es, en ocasiones, "discutible" y "arbitraria", determinando la existencia de situaciones de desamparo de menores "que no se producen", ante las que se aplica la separación de los menores de sus padres, un "hecho traumático".

Así lo manifestaron en rueda de prensa el presidente de ANPRODEFA, José Antonio Pérez; el vocal de la asociación, Ignacio González Bona; y los abogados del gabinete jurídico de la misma, Alberto Delgado y Alfonso Abad, que precisaron que en Aragón, hay unos 1.400 menores tutelados por la Comunidad autónoma.

El presidente de la asociación señaló que la separación de los menores de sus padres debe ser "la última acción" y siempre adoptarla cuando haya "pruebas irrevocables" porque causa un "trauma irreparable" en los menores.

Sin embargo, aseguró, en ocasiones la Administración actúa apoyándose en informes "basados en suposiciones" o "pruebas sin fundamento" y "sin tener en cuenta a la familia extensa", como a abuelos o tíos de los menores.

Además, criticó la "desinformación total a las familias" y pidió, que se articulen más medidas de "ayuda" y "apoyo" a éstas, en vez de decidir la separación, al tiempo que indicó que si bien se puede pensar que todas las familias a las que se les priva de la tutela de sus hijos son desestructuradas, "en la actualidad no es así".

Según comentó, pueden ser familias "cuyo único delito es tener un mala racha económica", a quienes, "en vez de dar la mano y ayudarlas", puesto que en ellas hay "orden y afectividad familiar, se saca la guadaña y se corta la relación".

BIEN DEL MENOR

El vocal de la asociación ANPRODEFA, Ignacio González Bona, lamentó que la Administración actúe, a veces, "dando la espalda a las familias" y "muchas veces a lo último que se atiende es al bien del menor".

En esta línea, el abogado Alberto Delgado se refirió al "automatismo" en la aplicación de la norma por parte de la Administración, produciendo decisiones "injustas, injustificadas y arbitrarias", utilizando el procedimiento de urgencia "cuando no la hay" y "eliminando" así un "sistema de garantías".

Frente a esa urgencia, existe una "lentitud" en determinados trámites, como los relativos a las visitas de los familiares a los menores, dijo.

Por su parte, otro de los abogados, Alfonso Abad, comentó que existe una "falta de transparencia" y se elaboran expedientes a partir de "una denuncia anónima" o basándose "en sospechas" no probadas.

A su entender, la creación de esta asociación "es el mejor ejemplo de que algo está fallando", y comentó que entre las causas que se aducen para determinar la pérdida de la tutela de los padres se encuentran las malas condiciones de la vivienda y la falta de habilidades parentales.

Por su parte, el vocal de la asociación, Ignacio González Bona comentó que hasta ahora las familias no se había asociado porque "tienen miedo" y "ven a la administración como un ente poderoso", y hasta ahora estaban "solas, desprotegidas y desunidas".

250 FAMILIAS

Todos estos motivos han llevado a unas 250 familias de todo España a agruparse en la Asociación Nacional Pro-Defensa de la Familia, 'www.anprodefa.org', con sede en Zaragoza, que la semana pasada se reunión con el Defensor del Pueblo, comprometiéndose a aportarle todos los datos de los casos que conocen para que éste elabore un informe.

Además, ANPRODEFA aspira a ser interlocutor con la administración, "uniendo las voces de las familias afectadas" para que "conozca la situación real y matizar y mejorar el funcionamiento del sistema, que en la práctica no funciona", dijo Ignacio González Bona.

Asimismo, pretende actuar a modo de Observatorio para asegurar la aplicación correcta de la ley y detectar qué aspectos legislativos pueden ser mejorados. La asociación aporta también apoyo jurídico y psicológico a las familias a través de tres gabinetes profesionales.