El profesor defiende que el tributo no tiene finalidad recaudatoria sino "extrafiscal" para compensar a la sociedad "el coste ambiental que soporta"
OVIEDO, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -
El profesor de Economía Pública de la Universidad de Oviedo Roberto Fernández Llera sostiene que el nuevo Impuesto sobre el desarrollo de Determinadas Actividades que inciden en el Medio Ambiente supondrá un coste "muy poco significativo" para las empresas a las que va dirigido, eléctricas y telefónicas.
"A las empresas les va a suponer un coste muy poco significativo, sobre todo con las cuotas que se han establecido inicialmente", explica, añadiendo que "por eso, la posible repercusión del impuesto a los consumidores finales de electricidad, telefonía o Internet, si se llega a hacer, tendría un efecto apenas apreciable en las facturas".
El experto en Hacienda Pública, que en su momento elaboró el borrador inicial para el nuevo impuesto, incide, en declaraciones a Europa Press, en que este tributo no tiene una finalidad recaudatoria sino "extrafiscal" para compensar a la sociedad "el coste ambiental que soporta". "Una prueba del carácter ambiental del impuesto es que todo lo recaudado con él se va a destinar a medidas de carácter medioambiental, entre las que podríamos incluir aquéllas que fomenten la eficiencia energética o los programas de protección y mejora del medio ambiente", apunta.
No obstante, Fernández Llera resalta que la cuota que se va a cobrar de 700 euros por kilómetro de línea eléctrica o por cada torre, poste o antena que no estén conectados por cables, es una cifra "quizás demasiado baja". "La recaudación prevista para 2011 es de 8 millones de euros", indica, resaltando que si el objetivo es incentivar y sensibilizar sobre el desarrollo sostenible, "el importe debería establecerse en un umbral más elevado".
"Otro defecto que constato es el excesivo número de exenciones que se han introducido, así como la exclusión de actividades especialmente dañinas para el medio ambiente como las minas a cielo abierto o las canteras", comenta Fernández Llera, al tiempo que argumenta que "en el Informe Económico-Financiero de los Presupuestos del Principado para 2011, el efecto conjunto de esas exenciones supone dejar sin ingresar por este impuesto casi 12 millones de euros".
El nuevo impuesto se aplicará en el Principado de Asturias desde el 1 de enero de 2011, y guarda importantes similitudes con los desarrollados en otras comunidades autónomas, especialmente el existente en Extremadura, llamado 'Impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente'.
IMPUESTO, NO TASA
El profesor explica que el nuevo tributo es un impuesto ambiental, no una 'ecotasa', término que no es un concepto tributario. "Es un impuesto porque se exige sin contraprestación directa por parte de la Administración Tributaria", indica.
Asimismo, concreta que se trata de un impuesto 'directo' porque grava la incidencia, la alteración o el riesgo de deterioro ambiental que ocasionan determinadas actividades realizadas mediante instalaciones físicas afectas a la generación de renta. "Cabe recordar que estamos hablando de empresas que declaran todos los años cuantiosos beneficios, ya que gestionan en régimen de oligopolio unos servicios básicos que usa el 100% de la población", incide.
Además, el experto resalta que es un impuesto 'propio' del Principado de Asturias, que demuestra así "el ejercicio activo de la autonomía financiera en esta Comunidad Autónoma, dentro del marco de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA)".
