AMA celebrará el 31 de julio y 1 de agosto su quinta Marcha a Santander
SANTANDER, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión Europea que inicie una investigación preliminar sobre los diferentes aspectos que confluyen en el problema de las sentencias de derribo. La Comisión de Peticiones ha admitido a trámite la petición que le trasladó la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) y para poder continuar con el estudio de la petición ha solicitado esta investigación.
Así se explica en una carta que el presidente de la Comisión de Peticiones, Marcin Libicki, ha dirigido a la asociación después de que AMA compareciera en la Comisión de Peticiones para pedir soluciones a los afectados y mayor seguridad jurídica.
El presidente de AMA, Antonio Vilela, dio hoy a conocer esa carta en una rueda de prensa a las puertas del Gobierno de Cantabria en la que presentó la quinta Marcha a Santander, que se celebrará los días 31 de julio y 1 de agosto.
En el escrito, del que la asociación repartió copia a los periodistas, la Comisión de Peticiones señala que los afectados tienen derecho "a su propiedad adquirida legítimamente" y "toda perdida debe ser compensada adecuadamente".
Vilela, al que acompañaban otros miembros de la Junta Directiva de la asociación, que portaban una pancarta con el lema 'Legalización y justicia', subrayó la importancia de esta decisión de la Comisión de Peticiones y recordó algunas de las reivindicaciones que los afectados plantearon ante dicho órgano.
Lo que pide la asociación es que se cree un registro de demandas público, se obligue a los notarios a comunicarlo cuando exista alguna demanda sobre la vivienda que se compra, y que las administraciones informen también sobre la situación legal de las viviendas.
Junto a ello, la asociación reclama que los ciudadanos "no tengan que soportar" las condenas que recaen sobre las administraciones; pide la regularización y legalización cuando sea posible; o en su defecto, la permuta de viviendas "presuntamente ilegales" por otras que cumplan la legalidad vigente. Y en todo caso, solicitan que haya un acuerdo previo con los afectados antes de cualquier actuación que "minusvalore su patrimonio".
Para AMA, a la luz de la resolución del Parlamento Europeo, pero también de la aprobada en 2007 en el Parlamento cántabro y del informe del Defensor del Pueblo del año 2005, todos ellos pidiendo soluciones, esas actuaciones tienen que materializarse "lo antes posible".
En este sentido, Vilela consideró que el Plan de derribos presentado por el Gobierno regional "puede ser una herramienta útil para buscar esas soluciones" y confía en que se pueda "llevar a buen puerto".
QUINTA MARCHA A SANTANDER
En cualquier caso, en lo que sigue insistiendo la asociación es en la necesidad de dar soluciones con la mayor rapidez posible y eso es lo que va a reivindicar en su quinta 'Marcha a Santander'. Según recordó Vilela, el problema dura ya "más de 15 años" y las soluciones "no acaban de aparecer".
La 'Marcha a Santander' partirá del Ayuntamiento de Argoños el 31 de julio, a las nueve de la mañana, para dirigirse hacia Arnuero, donde llegará sobre las diez. Después seguirá hacia la plaza de Galizano, donde habrá una comida campestre, y terminará la primera etapa sobre las seis de la tarde en el polideportivo de Latas, donde se pasará la noche.
El 1 de agosto, sábado, se reanudará la marcha a las nueve de la mañana hasta el embarcadero, donde se cogerán las lanchas hasta Santander. Y una vez en la ciudad, se dirigirán primero a la sede del Parlamento, donde llegarán sobre las 11.30 horas, y después a la sede del Gobierno (sobre las 12.30).
En el Parlamento mantendrán reuniones con representantes de los grupos parlamentarios y esperan que también les pueda recibir el presidente de la Cámara, Miguel Ángel Palacio; y en el Gobierno explicaron que ya les han confirmado que les atenderá el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, José María Mazón.
En Cantabria, según los datos de AMA, hay 4.000 afectados por las sentencias de derribo y 1.165 familias pueden ver su vivienda demolida. De hecho, ya hay 200 viviendas con autos de inminente derribo. Vilela también resaltó que hay 27 sentencias que "condenan a las administraciones" y cuatro por daños morales, y por ello insiste en que los afectados no paguen las "penas" impuestas a la administración.
