El Consejo de la Abogacía Catalana cree que se debería doblar la cifra actual y llegar a los 1.500
BARCELONA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Justicia de la Generalitat, Germà Gordó, ha afirmado este miércoles que Catalunya necesita aumentar su plantilla de jueces y magistrados y alcanzar al menos el millar, frente a los 750 que hay actualmente, para ser un "país moderno".
Lo ha dicho en la presentación del primer informe realizado por la Cátedra Observatorio Social y Económico de la Justicia, impulsada por el Consejo de la Abogacía Catalana (Cicac) y la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que pone de manifiesto que la media de plazas de jueces y magistrados en Catalunya está por debajo de la estatal y europea.
El presidente del Cicac, Abel Pié, ha afirmado en declaraciones a los medios que la ratio en Catalunya es de 10,2 plazas de juez y magistrado por cada 100.000 habitantes, frente a la media estatal de 11,1, lo que la sitúa como una de las comunidades autónomas con menos plazas, solo por delante de Castilla la Mancha (8,8), Navarra y Extremadura (10,1).
Pié ha subrayado que esta cifra está muy por debajo en comparación con la media europea, con 21 jueces por cada 100.000 habitantes, y ha reprochado que ninguna de las reformas de la justicia impulsadas por el Gobierno español en las últimas dos décadas ha contemplado el aumento de la plantilla de jueces, que serviría para que la justicia fuera más rápida, más eficaz y más eficiente.
Ha considerado que la cifra de mil jueces que ha apuntado el conseller es "simbólica" y que se debería llegar a doblar la plantilla actual, alcanzando las 1.400 o 1.500 plazas.
Ha reprochado que el proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que está en trámites en las Cortes prevé "concentrar en vez de ampliar", ya que permitirá que en caso de colapso en un juzgado se traslade parte del trabajo a otro tribunal, lo que comportará más colapso, según Pié, que ha subrayado que los jueces no pueden absorber más carga de trabajo.
El informe presentado este martes alerta de las consecuencias que habría tenido el primer anteproyecto impulsado por el exministro Alberto Ruiz Gallardón, ya que preveía la supresión de los órganos judiciales actuales y su sustitución por Tribunales Provinciales de Instancia, y el coautor del estudio, el catedrático de Derecho Procesal de la UAB, Manuel Cachón, ha advertido de que ese anteproyecto, aunque se ha modificado, "no está enterrado y puede resucitarse en cualquier momento".
"Este anteproyecto hubiera sido una auténtica catástrofe desde el punto de vista del servicio al ciudadano", ha manifestado el conseller, que ha ejemplificado que los ciudadanos de Vielha habrían tenido que hacer un trayecto de dos horas en coche para hacer trámites judiciales.
ENMIENDAS
Gordó ha señalado que, pese a que la consecuencias del nuevo proyecto de ley son "mucho más limitadas", la filosofía es similar, por lo que ha anunciado que el grupo parlamentario de CiU en el Congreso presentará este jueves varias enmiendas contra la ley, al no prosperar la enmienda a la totalidad presentada previamente.
Entre las enmiendas que presentarán, ha señalado, por ejemplo, una por el hecho de que el proyecto de ley no contempla la creación de los Consejos de Justicia como establece el Estatut.
Pedirán también aumentar las competencias de los juzgados de paz para que puedan asumir más procesos, y que el catalán en la administración de justicia sea un requisito obligatorio.
En este sentido, ha explicado que no se obligará a los jueces de otras comunidades autónomas a aprender a hablar catalán, pero sí a poder atender a los ciudadanos en este idioma pasado un plazo de tiempo desde su llegada a Catalunya.
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