Bravo (CGPJ) advierte de que la mayoría de centros para menores no tiene recursos para aplicar tratamientos terapéuticos

 

Bravo (CGPJ) advierte de que la mayoría de centros para menores no tiene recursos para aplicar tratamientos terapéuticos

Actualizado 17/06/2009 16:40:57 CET

VALENCIA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, advirtió hoy de que la mayoría de centros previstos para menores no dispone de recursos "necesarios" para poder aplicar tratamientos terapéuticos, al tiempo que insistió en la falta de recursos administrativos.

Bravo se pronunció en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación momentos antes de clausurar las Jornadas Nacionales de Magistrados de Menores en la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde resumió algunas de la conclusiones sobre problemas de la jurisdicción del menor.

Uno de los "problemas", según dijo, es que la mayor parte de los centros previstos para menores no cuenta con recursos suficientes para aplicar tratamientos terapéuticos; y otro es que, en materia de protección, no se puede dar ninguna respuesta a menores con problemas de conducta que no han cometido ningún delito porque "no hay protección". Por este motivo, instó a la Administración del Estado a que afronte "de forma adecuada" la cuestión de la salud mental infanto-juvenil en España, y la "necesaria" coordinación de los recursos sanitarios y de justicia penal.

En general, indicó que la protección de menores en España "no funciona adecuadamente" por "falta de medios", por lo que los jueces "se ven obligados a judicializar conflictos que tendrían que ser resueltos en el ámbito de la protección, en el ámbito familiar y en el social". Además, considera, como otra de las conclusiones de la jornada, que rebajar la edad penal a 12 años es reconocer el fracaso educativo, social y familiar del sistema español.

En este punto, señaló que, en cuanto al presente y futuro de la jurisdicción de menores, se acordó, tras las jornadas, fomentar la celeridad en el proceso penal del menor, con la finalidad de que éste reciba una respuesta "inmediata" a su conducta infractora. Junto a ello, abogaron por implicar a las entidades públicas, encargadas de la ejecución de las medidas, para que se doten de los medios materiales y efectivos necesarios para dar cumplimiento a las sentencias.

También, en materia de ejecución penal de las medidas, previstas en la Ley Penal, afirmó que la falta de recursos administrativos en la ejecución "no puede frustrar los principios fundamentales que inspiran la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor". Así, indicó que desde la Fiscalía de Menores y las distintas administraciones "debe impulsarse el expediente único del menor como único medio para una mayor respuesta jurisdiccional", y recomendó a los Colegios de los Abogados la adopción de protocolos para la designación de un único letrado por menor, que ejerza su defensa en todas las causas.

También instó a las administraciones penitenciarias a que se dote de los medios necesarios para que, en el caso de jóvenes sometidos a medidas de larga duración, se cumpla la final reeducativa de la Ley del Menor; e instó a las administraciones para que doten a esta jurisdicción de los medios "adecuados" para poder ejecutar correctamente las medidas terapéuticas impuestas a los menores, "puesto que en esta materia es uno de los espacios donde más carencias tenemos", dijo.

DELITOS CIBERNÉTICOS

En cuanto a los problemas jurídicos derivados de los delitos cibernéticos cometidos por los menores, se concluyó en las jornadas, según comentó Bravo, "evitar espacios de impunidad en el caso de delitos cometidos por menores en internet, y regular oportunamente las responsabilidades civiles derivadas de éstos".

También, como mecanismo para evitar el uso o acceso indebido de menores a la red, "se deben de instar técnicas de filtros que garanticen la autenticidad de los datos que se introducen en las páginas", señaló.

Respecto a la violencia escolar, se concluyó que es responsabilidad de los poderes públicas incentivar todas aquellas medidas que promuevan la diversidad, el aprendizaje de la convivencia, la educación en actitudes y valores como garantía de la educación.

"Es necesario, además, que los menores, en el ámbito educativo, tengan pleno conocimiento de la justicia penal juvenil para prevenir estas actitudes violentas", por lo que instaron a la comunidad educativa y a organismos competentes la detección de variables como el fracaso escolar que inciden de forma significativa en la delincuencia juvenil.

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