SEVILLA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -
Un colectivo de trece clientes del grupo Jale, actualmente en concurso de acreedores, han solicitado prisión preventiva para los administradores de su filial Inmobiliaria Amuerga, por presunta estafa, delito societario y presunta apropiación indebida, consistente en vender sin autorización una serie de inmuebles ya adquiridos por los querellantes.
Según el escrito de la ampliación de querella presentado hoy por los denunciantes, al que tuvo acceso Europa Press, estos clientes apuntan que "existen indicios más que razonables de que se han desviado grandes cantidades de dinero hacia fines ilícitos.
Según indican, "desde el año 2006 los imputados recibían grandes cantidades económicas para obras que debían haber terminado y que ni tan siquiera han comenzado", a lo que se une ahora que estos imputados "están revendiendo sin autorización y recogiendo dinero en efectivo, a través de Inmobiliaria Amuerga, por lo que están defraudando al concurso de acreedores que se sigue en el Juzgado de lo Mercantil, a los querellantes y a terceros de buena fe".
Los trece querellantes ya habían presentado querellas criminales contra el propietario del grupo, José Antonio López Esteras, y sus hijos, por presuntos delitos de estafa, malversación de fondos, apropiación indebida, insolvencia punible y daños por imprudencia grave.
Decidieron ampliar sus querellas por presunta doble venta de inmuebles, delito societario ("por estar engañando al proceso concursal") y apropiación indebida "por presunta evasión de fondos del Registro Mercantil", por estimar que "Inmobiliaria Amuerga está revendiendo sin autorización de su propietario los pisos a los querellantes y a compradores de buena fe, sin resolver los contratos".
Según el escrito presentado ante el juzgado de instrucción número dos de Jerez de la Frontera (Cádiz), la decisión de ampliar la querella vino motivada porque uno de los clientes comprobó en julio que una de las viviendas que había adquirido a la sociedad querellada en 'Residencial Nueva Medina' presentaba un cartel de venta con un número de teléfono, cartel que también se encontraba en varios de los pisos adquiridos por este querellante.
Posteriormente demandó los servicios de un notario para levantar acta de lo ocurrido, que certifica que el teléfono móvil que aparece pertenece a Inmobiliaria Amuerga.
Los querellantes decidieron contratar los servicios de un detective, que constató que el anuncio de venta "no se realizaba con la identificación de Inmobiliaria Amuerga ni de ninguna de las marcas ni empresas del grupo Jale, con la intención de engañar y aparentar que la venta la realizaba un particular". Además, comprobó que "todas las viviendas que están a la venta fueron ya adquiridas por algunas de las sociedades del querellante".
En el escrito, que aporta una extensa documentación y notas simples y contratos de las viviendas afectadas, los querellantes apuntan que los propietarios de Amuerga "están vendiendo por dos veces las mismas viviendas y han recaudado dinero por la misma vivienda varias veces y sin el consentimiento del querellante", agregó el escrito.
Este documento precisó que en la oficina de venta de Inmobiliaria Amuerga "le ofrecieron varias viviendas al detective contratado, quien cuando intentó entregar dinero por la compra de una vivienda y quiso pagar mediante un cheque, fue rechazado por los responsables de la oficina, que exigieron que el dinero fuera entregado en efectivo", ya que "las viviendas que se están vendiendo se encuentran en un proceso concursal y en teoría el dinero que se entrega por ellas debe ser plenamente justificado".
"OCULTAR DINERO AL CONCURSO MERCANTIL"
"Las cantidades que están recogiendo los imputados de forma ilícita no están siendo ingresadas en el activo de la masa concursal", agregó el escrito, donde se apunta la existencia de "un triple delito", por un lado "una primera estafa por doble venta de inmuebles, un delito societario y apropiación indebida al ocultar dicho dinero al concurso mercantil".
Además consideró que los querellados "están defraudando también al Juzgado de lo Mercantil" y agregó que "incluso se ha comprobado que la inmobiliaria permite escriturar la vivienda sobre la marcha".
"Los datos son espeluznantes, pues no sólo se está estafando a los demandantes, sino que se está implicando a terceros de buena fe, a los que los imputados están ofreciendo y están vendido viviendas que ya habían sido vendidas anteriormente", añadió la querella.
Apuntó que los imputados "que ya cometen delito al revender estos pisos, cometen otro al ocultar a los terceros compradores de buena fe que los pisos están gravados con cargas de anotación del concurso de acreedores e inmersos en un procedimiento concursal".
Resaltó el "agravante" que supone el hecho de que los imputados "reconocieron ya en su declaración que no habían asegurado las cantidades se les entregan y ahora siguen recibiendo dinero sin que sea asegurado o avalado con total impunidad, por las ventas que están realizando".
Demandaron por todo ello, apelando a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la prisión provisional "para evitar el riesgo de que los imputados cometan otros hechos delictivos y ademas existe peligro fundado de que los imputados puedan hacer desaparecer pruebas". "Se debe decretar por el juzgado la prisión preventiva, pues de lo contrario sería dejar indefensos a los querellantes, dejar en peligro a terceros de buena fe, futuras y potenciales víctimas, y se protegería a los autores del delito, pues los imputados se están mofando del juzgado de instrucción y del juzgado de lo Mercantil", concluyó el escrito.
Las promociones afectadas por las querellas presentadas por estos clientes afectados son Residencial San Mateo de Jerez de la Frontera (Cádiz), Residencial Nueva Medina de Jerez, edificio Arcobrigan en Arcos de la Frontera, y Hacienda San Isidro de Jédula, todas en la provincia de Cádiz.
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