El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) denunciará ante el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas a España por permitir que se esterilice forzosamente a las personas con discapacidad incapacitadas judicialmente.

   Según ha informado la organización, aunque el Código Penal español castiga la esterilización forzosa, la excepción es el caso de las personas con discapacidad declaradas incapaces por un juez, que pueden ser intevenidas contra su voluntad si así lo determina un proceso judicial.

   "Esta previsión legal constituye una clara violación de los derechos de las personas con discapacidad ya que en ningún supuesto, ni aun con intervención judicial, una persona puede ser esterilizada sin su consentimiento", explica el CERMI, para pedir que se "destierre" este precepto con "urgencia".

   Asimismo, recuerda que desde la entrada en vigor en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en 2008, el CERMI ha venido exigiendo reiteradamente al Gobierno la derogación de esta posibilidad, sin que hasta el momento haya prosperado.

   "La plataforma de la discapacidad planteará ante la ONU esta vulneración de los derechos humanos de las personas con discapacidad, para que investigue la situación y recomiende a España la supresión de la esterilización forzosa mediante la modificación del Código Penal", explica.