MÉRIDA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, Begoña García, ha solicitado al Gobierno central la aprobación de un decreto de ayudas para los afectados por las tormentas de la pasada semana en la comarca de Vegas Altas.
Asimismo, ha anunciado que la Junta de Extremadura está perfilando, en colaboración con la Diputación de Badajoz, un plan de empleo agrario para paliar la pérdida de más de 100.000 jornales en el campo y en las industrias agrarias como consecuencia de las tormentas.
La consejera ha anunciado esta decisión tras la reunión celebrada este jueves en Don Benito (Badajoz) en la que han participado representantes de la Junta de Extremadura, alcaldes de las poblaciones afectadas, organizaciones agrarias, sindicatos, patronal, la empresa Agroseguros y representantes de la Delegación del Gobierno. Un encuentro en el que se ha apoyado por unanimidad la proposición que la Junta remitirá al Gobierno central.
En concreto, la Junta de Extremadura pedirá al Gobierno la aprobación de un Real Decreto Ley en el que se adopten medidas urgentes para reparar los efectos de la tormenta de granizo, según ha informado en una nota de prensa.
Begoña García ha resaltado la necesidad de que el Gobierno central sea "consecuente" y actúe con estas comarcas extremeñas del mismo modo que lo hizo ante catástrofes "similares" en otras regiones españolas, como las ocurridas el pasado otoño con las inundaciones en Canarias y otras zonas.
En su comparecencia, Begoña García ha puesto como ejemplo de agricultura profesional la zona afectada en Don Benito y Villanueva a la hora de contratar seguros, por lo que ha pedido a Agroseguros "mayor flexibilidad en las peritaciones", al tiempo que ha agradecido a la empresa la celeridad en las valoraciones.
Igualmente, la administración regional está analizando los daños causados por la tormenta para, si fuera necesario, llevar a cabo un Plan Especial de Infraestructuras Rurales. Además, la Junta ya trabaja en la elaboración de un informe para solicitar al Gobierno central la reducción en los módulos del IRPF para los agricultores afectados.
