MÉRIDA, 20 May. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza del sindicato UGT ha mostrado su rechazo a la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) porque, según ha dicho, su aprobación provocará un "retroceso" en los "avances" de la educación de la región y cuenta con la oposición del "90% del profesorado extremeño".
En una nota de prensa, el sindicato ha expresado que esta norma "hará retroceder los avances conseguidas en Extremadura en el éxito educativo y en la lucha contra el abandono escolar temprano".
Del mismo modo, ha señalado que la ley "perjudicará sensiblemente la escuela pública, principalmente en las ciudades grandes y medianas" de la región.
"Frente a esta medidas segregadoras, hay otras que en Extremadura han demostrado su eficiencia en la integración educativa y superación de los retrasos y dificultades educativa del alumnado", ha criticado la organización, que se ha referido a la "disminución de las ratios, desdobles y programas de diversificación curricular", unas cuestiones que según ha dicho "desaparecen en este anteproyecto".
"UNA PROVOCACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA"
Para UGT, la aprobación por el Consejo de Ministros del pasado 17 de mayo del proyecto de ley de la Lomce es "una provocación a la comunidad educativa".
Una comunidad que, según ha destacado, "manifestó con su participación en la huelga y en las manifestaciones del día 9 de mayo su rechazo al anteproyecto y la exigencia de su retirada, por perjudicar esencialmente a la equidad educativa y a la escuela pública".
Según ha explicado, el proyecto pasó por el Consejo de Ministros tras introducirle "pequeños cambios" que "no cambian en lo sustancial lo conocido".
"Lo que más es destacable es una nueva concesión a la Conferencia Episcopal, al considerar la asignatura de religión católica como evaluable a efectos de promoción de cursos y etapas, y para la obtención de becas", ha criticado el sindicato, que considera que se trata de una cuestión que "segrega y diferencia al alumnado", y por entender que el hecho religioso "se debe impartir fuera de los centros educativos y del horario lectivo".
A su juicio, este proyecto "mantiene las medidas segregadoras y de elección temprana del alumnado, en contra de lo dictaminado por los estudios y organismos internacionales", así como la "supresión de la educación en valores".
Una norma que, a su juicio, también supone la "financiación de la educación", porque "separa al alumnado en función de sexos", lo que "contraviene la coeducación y la educación inclusiva", al mismo tiempo que "fomenta medidas para incorporar a la educación pública medidas privatizadoras, tanto en la vida en los centros como en la selección del profesorado".
Asimismo, ha explicado que el proyecto considera las evaluaciones y revalidas como el "mecanismo fundamental" para combatir los elevados índices de fracaso y abandono escolar temprano.
Otra de las cuestiones que ha criticado es que "en ningún aspecto de la ley se tiene en cuenta a los alumnos y alumnas con necesidades de apoyo o refuerzo educativa, no se considera la atención a la diversidad como una prioridad ni objetivo educativo".
ESCOLARIZACIÓN
FETE-UGT ha dicho además que las medidas de escolarización que se contemplan en el proyecto de ley "benefician y se adaptan a las exigencias de las patronales de la enseñanza privada y de la conferencia episcopal, que implicarán que muchos centros públicos se conviertan en guetos".
En cuanto a la memoria económica y, por tanto, al coste de implantación de la nueva ley, sostiene que se produce "una falta de responsabilidad gubernamental, nunca vista, el que se pretenda solicitar a la Unión Europea la financiación del 50% de la implantación de la Lomce".
"El Gobierno debe responsabilizarse de cuantas decisiones políticas adopte, sean del tipo que sean, aportando los costes de su propia acción de gobierno. Un proyecto de Ley que no venga acompañado de la suficiente dotación económica para su desarrollo, no puede tener ninguna viabilidad", ha señalado.
Por todo ello, FETE-UGT, siguiendo las recomendaciones del informe del Consejo de Estado, exige al Ministerio de Educación la retirada de la ley y el inicio de un proceso de negociación, "buscando un mínimo de consenso que permita modificar aquellos aspectos que sean considerados mejorables de la ley educativa en vigor".
