En los casos acumulados, el paso de los años hace difícil obtener "información precisa" para encontrar a los desaparecidos
MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -
Más de 30.000 personas están desaparecidas en México, una cifra que ha seguido aumentando con el paso de los años debido a una impunidad consolidada y a los desastrosos efectos de un sistema federal mal gestionado. Desde hace tiempo, se gesta una ley en el Congreso, para dar una respuesta específica a esta lacra de dimensiones sociales, que podría ver la luz pronto, pero se trata solo de "un primer paso" que servirá, fundamentalmente, para contener la sangría.
Las desapariciones en México llamaron la atención internacional en el apogeo de la guerra contra el narcotráfico puesta en marcha por Felipe Calderón (2006-2012) y suscitaron el escándalo global con los 43 estudiantes de la Escuela Normal (Facultad de Magisterio) de Ayotzinapa que desaparecieron en 2014 en Iguala, un caso aún sin resolver y que implica a las fuerzas de seguridad y al crimen organizado.
"Ha habido casos muy mediáticos, como el caso Ayotzinapa, que visibilizó mucho la problemática, pero no es algo nuevo (...) Ya son muchos años de personas que desaparecen en relación con la violencia armada que existe en este país", ha recalcado el jefe de la Delegación Regional del Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) para México, América Central y Cuba, Juan Pedro Schaerer, en una entrevista concedida a Europa Press.
Para Schaerer el caso de los 43 'normalistas' es "emblemático" porque "sigue sin respuestas aceptables para las familias". "Hay otros muchos individuos, otras muchas familias que andan en esa misma desesperación de no saber lo que ha pasado con su hijo, con su esposa, con su madre, que no saben si están vivos o muertos, que se quedan con esa angustia", recuerda.
"Obviamente, los primeros que sufren esta situación son todos los familiares que han perdido a alguien, que no saben lo que le ha podido pasar, pero no hay que limitar el sufrimiento a las familias porque, definitivamente, genera un sufrimiento que afecta a toda la sociedad", una "desconfianza" entre ciudadanos y autoridades que "cuanto más pasa el tiempo más se amplía".
Schaerer sostiene que "es un problema que va más allá de las familias, que afecta a la sociedad en su conjunto", algo que queda reflejado en el hecho de que la cifra de 30.000 desaparecidos, proporcionada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) en un reciente informe, "no se basa en datos oficiales". "Eso demuestra la magnitud del problema y la necesidad de tomar medidas", indica.
Por eso, dentro de la "tragedia" que supone el caso Iguala, Schaerer valora que al menos "empujó a las autoridades mexicanas a tomar medidas", entre las que destaca la promesa de una Ley General sobre la Desaparición de Personas que fue aprobada el pasado abril en el Senado, tras un turbulento camino de dos años que no terminará hasta que la Cámara de Diputados dé su visto bueno, algo que, muy a pesar el CICR, parece no llegar.
UN PASO "NECESARIO"
Schaerer interpreta esta ley como un primer marco jurídico para dar entidad propia a este tipo de delito y establecer mecanismos y protocolos para la búsqueda e identificación de las personas desaparecidas, así como para determinar las responsabilidades y reforzar las sanciones. "Es un paso muy importante, necesario, y va a ayudar mucho", afirma el jefe regional del CICR.
La organización humanitaria valora especialmente que la ley cubra "todos los tipos de desapariciones" y que en lo tocante a la desaparición forzada --"que implica que hubo participación directa de las autoridades o que hubo omisión por parte de las autoridades"-- "se haga mucho más claro lo que implica en términos de sanciones y de responsabilidad del Estado".
Otro tanto a su favor es que se trata de una ley general, es decir, aplicable a los tres niveles de gobierno que hay en México --nacional, estatal y local--, por lo que sienta las bases para acabar con un caos administrativo que afecta a las fases de investigación, búsqueda, identificación y judicialización y hace casi imposible que el caso llegue a buen término.
Como ejemplo, Schaerer indica que, debido al sistema federal de México, hay fuerzas estatales, regionales y municipales, además de las Fuerzas Armadas --a las que el Gobierno ha llamado a participar en tareas de mantenimiento del orden público, normalmente atribuidas a cuerpos civiles--, que intervienen en el proceso sin que se sepa con claridad cuál es su función y hasta dónde alcanza la responsabilidad de cada una de ellas.
Lo mismo ocurre con las instituciones de medicina legal, "donde nuevamente vemos diferencias" porque, dependiendo del estado mexicano de que se trate, responden ante la Procuraduría General de la República (Fiscalía), al Ministerio de Justicia o al Ministerio de Sanidad. Así pues, el ruido institucional alcanza incluso a cuestiones netamente científicas.
La clave, en opinión de Schaerer, es crear mecanismos de coordinación y protocolos de actuación que sean "muy claros" para poner fin a la "gran dificultad" --incluso "estructural"-- para intercambiar información y garantizar de este modo que todas las instituciones implicadas en la investigación de los casos de personas desparecidas "hablan el mismo lenguaje".
"QUEDA MUCHO POR HACER"
El segundo reto será, una vez aprobada la ley, "un instrumento jurídico fuerte", cómo se haga su reglamentación e implementación y los recursos que las autoridades decidan poner en manos de los organismos que intervengan en cada fase de las pesquisas. "Sin todo eso, no tendrá el menor efecto", alerta.
Además, a pesar de que esta ley supone un salto cualitativo respecto a la situación actual, Schaerer advierte de que está enfocada principalmente a frenar la suma de personas desaparecidas, aunque también podría tener efectos positivos en los 30.000 casos acumulados hasta la fecha.
"Podría tener resultados rápidos en términos de prevención para los casos por venir. Ahora, para resolver los casos anteriores, ahí hay que ser realista: eso va a tomar mucho tiempo", sentencia y recuerda la experiencia del CICR en Guatemala, donde 21 años después de la guerra civil sigue habiendo 40.000 personas desaparecidas.
La vacuna definitiva contra las desapariciones sería un cambio de paradigma, que supera los términos de cualquier ley, que ponga fin a la espiral de impunidad que impera "en México y en muchos países de América Latina", con "una gran carencia a nivel de las investigaciones y de identificar con certeza a los culpables".
En este sentido, Schaerer aboga por una "profesionalización" de las personas e instituciones implicadas en estos procesos y por "reforzar la parte de sanción" para hacer desaparecer la sensación de impunidad. Al margen de esta ley, subraya, "todavía queda mucho por hacer".
