MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Asociaciones de Padres y Madres (FAPA) de la Comunidad de Madrid Francisco Giner de los Ríos ha señalado que la condena de 40.000 euros a un colegio concertado en Alcorcón por acoso escolar a un alumno de Primaria demuestra que este fenómeno "no afecta sólo a un determinado tipo de escuela".
En este sentido, ha señalado que la Comunidad de Madrid se equivoca "cuando quiere atajarlo con medidas punitivas" y "no aborda un adecuado tratamiento de la Convivencia Escolar", como plantearon la FAPA, CC.OO. y UGT mediante la Iniciativa Legislativa Popular que presentaron conjuntamente.
La Federación Francisco Giner de los Ríos considera que la sentencia conocida hoy sobre el acoso escolar que sufrió un alumno de un colegio privado concertado demuestra que el acoso escolar, "aunque en absoluto se acerca al volumen que algunos pregonan, se puede producir en todo tipo de centros educativos".
Esto, en opinión de la FAPA, debería hacer reflexionar "a quienes siempre tienen la tentación de decir que la disciplina de los centros privados, concertados o no, garantiza que determinadas situaciones no se den, pues demostrado queda que no es así". "De hecho, los casos más llamativos y graves que han llegado a los tribunales, casi siempre están asociados a este tipo de centros", apostillan.
También creen que la supuesta "disciplina sancionadora y punitiva no sirve para atajar determinadas conductas" y que, insistir en esa vía "es un error que algunas personas, tanto menores de edad como adultos, siguen pagando de forma directa por la inactividad de quienes deberían ser garantes de sus derechos".
Asimismo, han señalado que para tratar adecuadamente estos sucesos, la Administración educativa y los centros educativos deben implementar medidas "eficaces y dejar de mirar para otro lado, pues están obligados a ello, ya que la convivencia y la resolución pacífica de los conflictos forma parte del desarrollo integral del alumnado".
La FAPA Francisco Giner de los Ríos vuelve a pedir el cambio de la Ley de Autoridad del Profesorado y del Decreto de Convivencia, que la Federación tiene recurrido en este momento ante el Tribunal Constitucional, "por una auténtica solución que aborde la convivencia de una forma integral".
