Considera necesario investigar "el tipo de información" que recibieron los compradores y su "perfil de edad y formación"
MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha desoído a la Fiscalía Anticorrupción y ha anunciado su intención de llamar a declarar a "una muestra significativa" de los afectados que compraron cuotas participativas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que tuvo que ser rescatada en diciembre de 2011 con unas ayudas públicas de 5.249 millones de euros.
El magistrado, que se ha negado a archivar la causa en la que investiga la emisión y comercialización de participaciones preferentes, deuda subordinada y cuotas participativas de la entidad, destaca la necesidad de investigar "el tipo de información real" que recibieron los compradores de este último producto y "el perfil de edad y formación" que tenían cuando las adquirieron.
En un auto hecho público este miércoles, Gómez Bermúdez destaca, además, los "claros visos defraudatorios" de una serie de preferentes y deuda subordinada que fue emitida en 2009 después de que los directivos de la entidad dirigieran una instrucción a la red de oficinas para que las colocaran "con la excusa de diversificar la inversión". El producto, además, presentaba "fuertes minusvalías", según un informe elaborado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
"El montante de esta operación, con claros visos defraudatorios, fue de 24.535.000 euros y afectó a 1.319 clientes, por lo que sólo este hecho podría ser constitutivo de un delito de estafa", señala el juez antes de añadir que los hechos investigados también podrían constituir otros delitos.
INFORMACIÓN PRIVILEGIADA DE LOS DIRECTIVOS
En este sentido, apunta a la posibilidad de que las operaciones constituyan un delito de uso de información privilegiada en relación con "la compra y venta con alta rentabilidad" de este producto por parte de directivos de la entidad, que "obviamente" conocían "la situación económica-financiera real" de la entidad.
También apunta que estos hechos podrían ser constitutivos, además, de un delito de falsedad contable en documentos esenciales, falseamiento de información para captar inversores y alteración de precios.
La Fiscalía Anticorrupción pidió el sobreseimiento de la causa alegando que la conducta de los directivos no tenía encaje penal y que, en todo caso, los afectados podían acudir a la vía civil para exigir la depuración de responsabilidades.
El Banco Sabadell se adhirió a esta petición apuntando que "no intervino ni en la emisión ni en la colocación de las cuotas participativas", ya que el proceso se produjo "con anterioridad" a la adquisición del Banco CAM por parte de la entidad, que en todo caso no incluyó una serie de activos y pasivos entre los que se encontraba este producto.
En junio pasado Gómez Bermúdez acordó ampliar al Banco Sabadell la responsabilidad civil subsidiaria por las cuotas participativas que comercializó la CAM, que hasta ahora afrontaba en solitario la fundación de la entidad.
55.000 AFECTADOS
El magistrado investiga desde septiembre de 2012 las cuotas participativas emitidas por la CAM en una pieza separada de la causa principal, en la que están imputados los exdirectores generales de la entidad Roberto López Abad y María Dolores Amorós, el expresidente Modesto Crespo y los exdirectores de Recursos y Planificación, Vicente Soriano y Teófilo Sogorb, respectivamente.
La investigación sobre las cuotas participativas, que también está dirigida contra la cúpula de la entidad, se inició a partir de una querella presentada en marzo de 2012 por 300 clientes de la entidad que acusaban a los antiguos gestores de la CAM de haber estafado a más de 55.000 personas con la "venta planificada y sistemática" de cuotas participativas, participaciones preferentes y deuda subordinada tras facilitar "información falsa".
La CAM fue intervenida en junio de 2011 por el Banco de España y en diciembre de 2011 el Sabadell se la adjudicó por un euro. El Fondo de Garantía de Depósitos inyectó 5.249 millones de euros en la entidad que se sumaron a los cerca de 2.800 que aportó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
