BILBAO, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -
La asociación de abogados Eskubideak ha presentado tres denuncias ante la Agencia de Protección de Datos, las Juntas Electorales provinciales y el Ararteko por la existencia de bases de datos "clandestinas e ideológicas" en las que aparecerían "miles de ciudadanos" vinculados con la izquierda abertzale y que, según ha denunciado, se habrían aportado en los procesos de ilegalización de agrupaciones políticas.
El representante de asociación de abogados vascos, Iñigo Santxo, ha realizado esta denuncia en el transcurso de una rueda de prensa, celebrada en Bilbao, en la que también ha participado el abogado Julen Arzuaga.
Según ha explicado, no hay posibilidad de acceder a esas bases de datos, ni cabe su "posible cancelación", por lo que, a su juicio, como consecuencia, "el derecho de sufragio pasivo de miles de ciudadanos vascos estaría mermado". Por ello, Eskubideak se ha dirigido a la Agencia de Protección de Datos con el objetivo de que se lleve a cabo una investigación.
"Queremos activar los mecanismos jurídicos para que las agencias autonómica, estatal y europea inicien una investigación a instancia de parte para constatar la existencia de esos ficheros ideológicos y aclarar la situación de inseguridad jurídica en la que nos encontramos", ha expresado Santxo.
Eskubideak ha indicado que el origen de los datos que integran los ficheros sería múltiple e incluye tanto personas de listas electorales ilegalizadas hasta apoderados e interventores en procesos electorales.
"También abarcarían a personas que desarrollan actividades laborales en partidos ilegalizados o han prestado servicio como empresas, así como ciudadanos con algún grado de parentesco con personas presas o en situación de rebeldía", ha indicado Julen Arzuaga. Asimismo, ha señalado que, a ello se le sumarían los datos que han sido recogidos por "reseñas periodísticas, seguimientos policiales o cuentas bancarias y registros notariales".
Eskubideak se ha remitido a informaciones periodísticas para constatar la "existencia" de estos archivos, así como al conocimiento que, "como letrados en ejercicio profesional, hemos tenido de los informes de las Fuerzas de Seguridad del Estado que se han aportado en procesos contra listas y candidaturas electorales".
Según ha señalado Arzuaga, la Agencia de Protección de Datos debe investigar e identificar los archivos para determinar "las infracciones que se han cometido a la hora de obtener y cruzar la información", así como interponer sanciones "por la situación arbitraria que genera a los afectados". La citada asociación ha señalado que esos informes "clandestinos" se habrían aportado en los procesos de ilegalización de agrupaciones políticas.
Eskubideak ha señalado que los procedimientos puestos en marcha deben tener respuesta en un plazo de treinta días y ha anunciado que, en el caso de que desde la Agencia de Protección de Datos se niegue su existencia, están "dispuestos a recorrer todas las instancias legales a nuestro alcance".
