Aboga por mantener "el esfuerzo de superación de las graves carencias" en materia de "agilidad y eficiencia"
BILBAO, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, ha afirmado que los jueces no pueden actuar como "el cobrador del frac" en los procesos de ejecución hipotecaria, ante la "creciente judicialización" derivada del sobre endeudamiento de las familias. En este sentido, ha señalado que no se puede "pasar por alto" el derecho a la vivienda "digna" y al "mínimo de subsistencia vital".
En su intervención en el Forum Europa-Tribuna Euskadi, el presidente del TSJPV ha analizado el papel del sistema de justicia en "el estado de derecho post-crisis" y ha resaltado que, en una sociedad "inmersa en las crisis del presente", sus efectos no pueden "alterar la responsabilidad de los jueces en la tutela del derecho más alto a la dignidad de la persona".
Ibarra ha alertado de la "creciente judicialización de las consecuencias del sobre endeudamiento familiar sobrevenido como consecuencia del desempleo" y al que ha contribuido "la deficiente satisfacción del derecho de los consumidores a comprender el alcance de las transacciones financieras". En este contexto "demoledor" y sin precedente en anteriores crisis, ha recalcado, "no se debe esperar que el juez actúe a la manera del cobrador del frac".
Según ha indicado, las personas afectadas por ejecuciones hipotecarias son "sujetos de derecho y tienen dignidad", por lo que el juez no puede "prescindir de ninguno de los datos a la hora de despachar ningún procedimiento ejecutivo" y tampoco los notarios.
El presidente del TSJPV, que ha considerado que no se pueden agilizar "mucho más" estos procesos o los de concursos empresariales, ha señalado que, para ello, es necesario "romper la correspondencia entre juez y juzgado" para que haya "más jueces que juzgados".
Asimismo, ha indicado que "el derecho a comprender lo tenemos que volver a poner en valor mediante un control de cláusulas abusivas en el momento de ejecución hipotecaria", y ha resaltado que, en cualquier caso, los afectados tiene derecho a una vivienda "digna" y a "un mínimo de subsistencia vital". "No se nos puede pasar por alto", ha asegurado.
SEGURIDAD JURÍDICA
A su entender, "hay buenas razones para apostar por la fortaleza del Estado de Derecho en su actual empeño por recolocar a la economía las bridas del imperio de la Ley", que limiten "el arbitrario funcionamiento de los mercados" y que supediten sus decisiones al "ámbito procedimental de la democracia".
"En el escenario del futuro post-crisis --ha añadido--, el sistema de justicia tendrá que responder a unas renovadas exigencias de seguridad jurídica adaptadas a las dimensiones trasnacionales de los mercados. Deberá hacerlo mediante un enriquecimiento de atribuciones funcionales a las que dé soporte una Administración de Justicia netamente evolucionada, en punto a su alcance y a su calidad".
Asimismo, ha señalado que no debe consentir "discriminaciones ilícitas" en el acceso a la jurisdicción por razón de las condiciones económicas y debe contar con "unos perfiles profesionales exigentes".
"BRECHA SOCIAL"
Ibarra ha alertado, además, sobre la "brecha social" que existe entre la "justicia de las leyes" y lo que los ciudadanos entienden como "lo que es de justicia", que se "alimenta" cuando "la respuesta judicial no resulta inteligible" o no se logra "reparar de forma satisfactoria una situación de injusticia que socialmente es percibida como notoria".
"En la actualidad, esta brecha muestra una tendencia a expandirse hasta llegar a afectar seriamente a la calidad de nuestra democracia", ha advertido.
Por ello, ha abogado por "una más intensa comunicación entre la judicatura y la comunidad jurídica" y por el "acuerdo y consenso entre los actores políticos principales" para excluir al sistema de justicia como "un campo de confrontación que acabe contaminando a los jueces con la cualidad de adversarios políticos".
"CONSENSO POLÍTICO"
A su entender, es preciso el "consenso político" para que la mejora de la Justicia "no se haga depender de la alternancia en el gobierno de España o en los gobiernos de las comunidades autónomas".
El presidente del TSJPV ha urgido a continuar "el esfuerzo de superación de las graves carencias" de la Administración de Justicia en "agilidad y eficiencia".
Ibarra ha indicado Euskadi presenta el índice de litigiosidad más bajo de España, cuenta con una tasa "francamente optimista" de asuntos resueltos en relación a los ingresados y la tasa de cobertura de plazas judiciales "no ha bajado del 80%". No obstante, ha advertido de que "venimos de un pasado y todavía no hemos conseguido que la tasas de resolución sea la adecuada para recortar los tiempos de respuesta en los procesos".
En este sentido, ha explicado que en el campo civil, el "más cargado", es de 20 meses, diez menos que la media española pero, "sumados otros 20 meses en la ejecución, son 40 meses". "Sigue siendo un tiempo de respuesta mejorable", ha indicado.
Ibarra ha asegurado que "los dos años de presupuestos en plena crisis no ha afectado ni a la provisión de las plazas ni tampoco de infraestructuras". "Tenemos menos dinero en el día a día, pero no estamos haciendo menos", ha indicado, explicando que "el número de sentencias no ha disminuido ni se han suspendido juicios", sino que se "ha bajado la temperatura, la intensidad lumínica...".
OFICINA JUDICIAL
Dentro de la modernización del sistema ha destacado la importancia de la implantación de la nueva oficina judicial y ha explicado que, por el momento se ha implantado en diez de los 14 partidos judiciales vascos, aunque ha reconocido que son "los más pequeños" y está pendiente en las tres capitales y Barakaldo.
Según ha indicado, "el reto" para este año es implantar en Vitoria, "la Suiza" de la administración española, y "si lo conseguimos el perfil de la nueva administración de justicia se va a ver".
El presidente del tribunal vasco ha asegurado que en Euskadi "no ha ido mal" la gestión del cambio, si bien ha reconocido que hasta la pasada primavera se ha producido "problemas importantes", sobre todo en Getxo, que se han solventado trabajando "a pie de obra".
Tras indicar que no es "derrotista", ha reconocido que entre los trabajadores puede haber "un cansancio" porque se lleva "demasiado tiempo reformando sin que se vea claramente resultados", pero ha resaltado que es preciso "hacer una apuesta, aunque sea incierta, por el futuro y comprometiéndose".
Finalmente, ha insistido en que se "puede hacer más de lo que se hace" para evitar filtraciones de los sumarios. Entre otras medidas, ha resaltado la importancia de que los atestados estén informatizados y con "interconectividad", lo que permitiría "ganar una primera batalla" porque "cuando el atestado llega en siete copias, empezamos mal".
Además, ha reconocido que "los tiempos de la justicia no se corresponden con las exigencias de la sociedad", que "quiere tener un criterio en unos tiempos que no pueden ser". En esta línea, ha abogado por "no juzgar a las personas, mientras no haya sido juzgados en una sala de justicia" porque, "cuando uno ha sido juzgado en el periódico, la sentencia no repara suficiente ese juicio del papel".
