IU Federal defiende que el alcalde de Rivas no renuncie al acta de concejal

 

IU Federal defiende que el alcalde de Rivas no renuncie al acta de concejal

Pedro del Cura
IU RIVAS
Publicado 03/06/2015 14:23:37CET

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de IU Federal, Adolfo Barrena, ha sostenido este miércoles que el alcalde de Rivas Vaciamadrid, Pedro del Cura, cumple el Código Ético de la organización y por tanto no debe renunciar a tomar posesión de su acta de concejal pese a haber sido imputado por delitos contra la administración pública, malversación y tráfico de influencias.

En un comunicado, Barrena explica que el Código Ético de IU estipula que sus cargos públicos deben dimitir cautelarmente en caso de imputación y procesamiento por delitos de corrupción política o urbanística. Sin embargo, prevé un procedimiento específico para el caso de las querellas presentadas por los adversarios políticos.

"Consideramos que el alcalde en funciones de Rivas Vaciamadrid en estos momentos no ha vulnerado el citado Código Ético, frente a lo que parece ser una actuación del PP en la que le sitúa como objetivo político a batir", defiende.

Barrena insiste en que Del Cura ha recibido una notificación para acudir a declarar al juzgado "y tener así la oportunidad de poder defenderse con todas las garantías procesales de la querella presentada por el PP".

ACTUARÁ CON RIGOR SI DEBE HACERLO

Mientras, la dirección federal de IU seguirá "atentamente" la evolución de las diligencias judiciales, contando además con la "puntual y completa" información que ha recibido sobre el caso y su alcance.

De esta forma, cualquier valoración que IU pueda adoptar en relación al asunto "se basará sólidamente en esta información, así como en la evolución judicial que éste tenga en el futuro, en estricto respeto a la independencia de los órganos judiciales", insiste Barrena.

En todo caso, asegura que la organización hará valer "inmediatamente" y aplicará "con todo rigor" su Código Ético sobre posibles responsabilidades políticas que pudieran darse en función de la evolución del proceso judicial.

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