El PP amenaza con ir a los tribunales si se le excluye de la negociación de la financiación local en la FEMP

Actualizado: martes, 14 julio 2009 20:13

Los alcaldes del PP, reunidos con Rajoy, aprueban un documento en el que denuncian que el Ejecutivo incumpla sus promesas con municipios

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular denunció hoy que el Gobierno socialista haya vuelto a "abandonar" a las corporaciones locales cuando su situación económica es "insostenible" y afirmó que está "obligado" a negociar un nuevo modelo de financiación local con el primer partido de la oposición.

Esta petición la realizó este mediodía el propio presidente del PP, Mariano Rajoy, durante una reunión en la sede nacional con los alcaldes de su partido, después de calificar de "zafio y antidemocrático" la "exclusión" del PP de la negociación de la financiación local que está realizando la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

"No vamos a aceptar una negociación, si es que la hay, de la que se excluya al PP y utilizaremos todos los medios políticos y legales a nuestro alcance, incluido el ir a los tribunales, para que este tipo de tropelías no vuelvan a producirse en España", avisó Rajoy.

DOCUMENTO DE LOS ALCALDES DEL PP.

En el documento acordado por los alcaldes del PP, afirman que Zapatero ha vuelto a "incumplir reiteradamente sus promesas" y no ha propuesto un nuevo modelo de financiación local vinculado a la financiación autonómica, "como se había comprometido en varias ocasiones y le ha solicitado la FEMP".

El PP pide al Gobierno de España que adopte un paquete de medidas con carácter urgente y extraordinario para el ejercicio 2010. Así, exige que, con cargo al importe del nuevo Fondo Estatal de Inversión Local para 2010 (5.000 millones de euros), se garantice la financiación local obtenida en el presupuesto de 2009 en, al menos, 3.000 millones.

Además, demanda que el resto del Fondo Estatal de Inversión Local sea objeto de distribución entre los municipios mediante criterios objetivos que otorguen una mayor flexibilidad en los plazos de ejecución y en la finalidad de las obras, de tal forma que estas inversiones se destinen a prioridades reales de cada ayuntamiento.

Los 'populares' quieren que se incorpore a las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consells Insulares en el nuevo Fondo Estatal de Inversión Local como operadores directos y no sólo como cooperantes; y que el Ejecutivo central devuelva a las Corporaciones Locales el importe que en concepto de I.V.A. de las inversiones contempladas en el actual Fondo de Inversión Local de 8.000 millones de euros ingresa el Estado, calculado en 1.103 millones de euros, para destinarse a gasto corriente de los ayuntamientos.

Igualmente, quieren que el Gobierno compense a los municipios por el coste de los beneficios fiscales obligatorios en los tributos locales o, en su defecto, que se conviertan en beneficios fiscales potestativos para aquellos.

En su segundo bloque de propuestas, el PP también reclama al gabinete socialista Gobierno que el nuevo sistema de financiación local, con independencia del momento en el que se apruebe, sea de aplicación desde el mismo momento en el que lo sea el modelo de financiación autonómico.

ACTO DEL MUNICIPALISMO EN SEPTIEMBRE.

Ese modelo de financiación local, según el PP, deben consolidarse como recursos adicionales "al menos los 3.000 millones de euros de garantía de la financiación del ejercicio 2009"; garantizarse, como recursos de carácter incondicionado, "el despliegue efectivo de las Participaciones en Ingresos de las Comunidades Autónomas en todo el territorio nacional con arreglo a criterios homogéneos y coordinados"; modificar el sistema tributario local, dotándolo de elementos más dinámicos, vinculados a la realidad económica.

En el mismo documento acordado hoy, los alcaldes y presidentes de Diputación del PP convocan al municipalismo español "a participar en un gran acto público el próximo mes de septiembre en Madrid, en favor de una reforma de la financiación local que garantice a los gobiernos locales la prestación de los servicios esenciales que demandan los ciudadanos".