El PP exige que se disuelvan los ayuntamientos gobernados por ANV

 

El PP exige que se disuelvan los ayuntamientos gobernados por ANV

Actualizado 05/12/2008 0:38:35 CET

MADRID/SAN SEBASTIÁN, 4 Dic. (OTR/PRESS) -

"Pedimos una vez más la disolución de los ayuntamientos donde gobierna ETA". Esta es la exigencia al Gobierno que hoy, un día después del asesinato de Ignacio Uría a manos de la banda terrorista volvió a reiterar el presidente del PP, Mariano Rajoy, y que se tradujo en la presentación de dos iniciativas parlamentarias del Grupo Popular, una en el Congreso y otra en el Senado, para que el Ejecutivo aplique el procedimiento previsto en la Ley de Bases de Régimen Local, y disuelva los ayuntamientos gobernados por la ya ilegal ANV. Uno de estos municipios es Azpeitia donde ayer ETA mató a Uría y donde ANV, tras negarse a condenar el atentado, se ha quedado en minoría después de que Aralar, siguiendo los pasos de EA, anunciara que sale del Gobierno municipal.

Esta mañana, durante la presentación de la conferencia de la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Mato, organizada por el Foro Nueva Economía, Rajoy aseguró que la 'Y vasca' es "necesaria" para el País Vasco y España y se ha convertido ya en "un símbolo de libertad". "Estoy seguro de que pronto lo veremos todos, como estoy seguro de que ETA pronto saldrá de los ayuntamientos", proclamó Rajoy que exigió una vez más al Gobierno de Zapatero que disuelva los 43 ayuntamientos en los que gobierna ANV, sola o en coalición con otras fuerzas nacionalistas.

Esta misma mañana el PP registró en el Congreso y en el Senado sendas propuestas exigiendo al Gobierno la disolución de los consistorios gobernados por la izquierda radical abertzale "en el plazo más breve posible". El texto exige al Ejecutivo que apruebe un Real Decreto que disuelva "los órganos de las corporaciones locales gobernadas por ANV" acogiéndose a la vía del artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local, utilizada en su día para disolver loa Corporación de Marbella tras los sucesivos escándalos de los gobiernos del GIL.

Además, y "en tanto se da cumplimiento a la citada disolución", el PP reclama las medidas necesarias para transferir a las Diputaciones Forales correspondientes las cantidades previstas para dichos municipios gobernados por ANV dentro del fondo de 8.000 millones que el Gobierno ha anunciado para inversiones locales. El PP calcula que a los 18 ayuntamientos más importantes que gobierna ANV les podrían corresponder más de 24 millones de euros del Estado que pasarían a manos de los proetarras.

CONDENA CONJUNTA

El PP registró su moción en el Congreso minutos después de la reunión que fuerzas políticas y agentes sociales mantuvieron en la Cámara Baja para aprobar una declaración conjunta de condena al último "asesinato cruel y cobarde" de ETA. El texto muestra su apoyo a los empresarios vascos y advierte a los terroristas y a "quienes les apoyan y justifican" que "nunca conseguirán sus objetivos ni doblegarán la democracia ni el Estado de Derecho".

En la reunión entre fuerzas parlamentarias y agentes sociales también salió el asunto de la disolución de los ayuntamientos gobernados por ANV. Durante el encuentro el presidente de la Gerardo Díaz Ferrán, pidió hoy a las fuerzas democráticas que se comprometan a desalojar de los ayuntamientos a la formación ilegalizada. "Sólo les he pedido que hagan un reflexión y vayan en ese camino, no he pedido respuestas", afirmó. Pero las respuestas sí que fueron llegando, algunos como el diputado de IU, Gaspar Llamazares, mostró su disconformidad con la petición porque perjudicaría al resto de grupos municipales. En esta misma línea se expresó el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Ridao, afirmo que no condenar el asesinato de Uría puede ser "merecedor de un reproche ético o moral", pero que "en ningún casos" constituye "un ilícito".

Otros como la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, apoyó esta petición e incluso la diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, fue más allá y pretende interpelar el próximo miércoles al Gobierno sobre la disolución de los ayuntamientos gobernados por ANV e intentar forzar una votación en el Congreso. Por su parte el portavoz socialista, José Antonio Alonso, aseguró que el Gobierno está explorando "todas las vías políticas, jurídicas y legales" que permitan "desalojar de los ayuntamientos a los alcaldes de ANV". Eso sí, remarcó que esta tarea debe realizarse "dentro del consenso antiterrorista".

Al paso de las peticiones salió el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que quiso precisar que la sentencia de ilegalización de ANV, dictada por el Tribunal Supremo el pasado 22 de septiembre, no implica que los concejales pierdan sus actas. "Una declaración de ilegalidad a un partido significa que, como tal, el partido no puede existir, pero las actas, que cada uno de sus miembros pueda estar desempeñando con su grado de representatividad permanecen", afirmó Bermejo que aseguró que, por encima de todo hay que respetar la ley.

Pero si bien es cierto que la ilegalización de ANV no permite disolver de forma genérica todos los ayuntamientos en los que gobierna, si sería posible hacerlo caso por caso si se acredita que sus órganos de gobierno han dado "cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo", tal y como establece el artículo 61.2 de la Ley de Bases de Régimen Local. Para aportar pruebas en este sentido, considera como un ejemplo a seguir los informes que realizaron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) para la ilegalización de ANV y PCTV y también para impugnar 133 de sus listas electorales antes de las elecciones municipales y autonómicas.

AZPEITIA, "UN BUEN AVISO"

En todo caso, el ministro de Justicia consideró que "es un buen aviso" el que Aralar haya abandonado el Gobierno municipal de Azpeitia después de que ayer también lo hiciera EA tras comprobar como ANV se negaba a condenar el asesinato de Uría. "En la política el camino es la política y lo que ha ocurrido es un buen aviso", proclamó el ministro.

Aralar anunció hoy que seguía los pasos de EA y abandonaba el Gobierno municipal dejando sola a ANV en Azpeitia cuyo alcalde, Iñaki Errazkin, ahora tendrá que enfrentarse a una más que probable moción de censura. De hecho el el presidente del PNV en Guipúzcoa, Joseba Eguibar, anunció que su partido promoverá una moción de censura si logra el apoyo de EA o de Aralar. El PNV cuenta con ocho concejales en Azpeitia, EA con dos y Aralar con uno, mientras que ANV tiene seis, incluido el primer edil.

Pero el anuncio del PNV no ha sentado bien ni entre EA ni entre Aralar que reprochar a la formación jeltzale que anuncie una moción de censura sin consultarle y le acusaron de intentar aprovechar "la conmoción" generada por el asesinato de Uría para "ocupar sillones en el Ayuntamiento" que no le corresponden en las urnas. En todo caso el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, aseguró desde la propia localidad guipuzcoana que su formación "no será un problema" a la hora de sacar a ANV de la alcaldía de Azpeitia.

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