MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -
El relator especial sobre la promoción y la protección de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo de la ONU, Martin Scheinin, reclamó hoy al Gobierno que estudie la posibilidad de que los delitos de terrorismo no sean sólo jurisdicción de la Audiencia Nacional como hasta ahora sino que puedan ser juzgados por tribunales ordinarios.
Asimismo al término de una visita de una semana en España, Scheinin también pidió que se suprima el régimen de incomunicación para los sospechosos de terrorismo ya que con ello, a su juicio, esto no sólo daría "credibilidad" a las medidas antiterroristas del Gobierno sino que contribuiría a eliminar la "zona gris" que este régimen supone evitando así falsas acusaciones de malos tratos contra las fuerzas del orden.
En sus conclusiones finales, Scheinin subraya que debido a que en España sólo la Audiencia Nacional se encarga de los casos de terrorismo, "y a que la función del Tribunal Supremo tradicionalmente se limita a cuestiones de derecho, los mecanismos existentes de revisión por un tribunal superior", a los que tiene derecho toda persona condenada por un delito, en el caso español "adolecen de una deficiencia estructural".
Por ello, tras constatar que pese a las medidas adoptadas para abordar esta cuestión "el problema sigue vigente", el relator del Consejo de Derechos Humanos de la ONU "solicita al Gobierno español que considere la posibilidad de incluir los crímenes de terrorismo en la jurisdicción de tribunales ordinarios, en lugar de un tribunal único especializado".
En este sentido, quiso dejar claro que no es partidario de "abolir la Audiencia Nacional, sino de transferir algunos delitos de terrorismo a los tribunales ordinarios con base territorial". En su opinión, es necesario que en España "haya un debate sobre los delitos que debe tratar un tribunal a nivel nacional" como es la Audiencia.
DEFINICIÓN DE TERRORISMO
Por otra parte, explicó que durante sus encuentros con las autoridades españolas aprovechó para interesarse por cómo se definen los delitos de terrorismo en la legislación nacional. A este respecto, subrayó que éstos deben incluir un "elemento fundamental de violencia física mortal o grave contra la población en general o sus segmentos" y advirtió contra "definiciones vagas y amplias que a acaban socavando el firme mensaje moral inherente en las definiciones estrictas basadas en el carácter inexcusable de cada acto de terrorismo individual".
A este respecto, Scheinin calificó de "definición sensata" la que se hace de los delitos de terrorismo en el artículo 157 del Código Penal, pero subrayó que otras disposiciones relativas a esta cuestión incluidas en el Código, como "la referencia a 'cualquier otro delito' del artículo 154, la noción de 'colaboración' del artículo 576 y la disposición enmendada del artículo 577 sobre la violencia callejera, conllevan el riesgo de un 'deterioro gradual'" de la definición de terrorismo.
Esto supone el riesgo, añadió, de que, "poco a poco se vaya ampliando la noción de terrorismo a actos que no constituyen y no guardan suficiente relación con actos de violencia grave contra la población en general". Además, "cuando se empieza a caer por esa pendiente se corre el riesgo de conculcar muchos derechos", agregó.
REGIMEN DE INCOMUNICACIÓN
Asimismo, este deterioro conlleva que al incluirse otros delitos de terrorismo se aplique "la detención en régimen de incomunicación". Respecto a esta última cuestión, el relator llamó "al Gobierno español a iniciar un proceso de examen pericial independiente sobre lo adecuado de las actuales definiciones y el riesgo de deterioro gradual".
Scheinin explicó que prevé realizar "propuestas sobre la metodología" de dicho proceso de examen y "comentarios de fondo" en su informe final que presentará en el plazo de dos meses al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, tras consultarlo con las autoridades españolas, a las que ya comunicó hoy sus conclusiones iniciales de su visita.
Por otra parte, el relator se mostró complacido por el hecho de que ninguna de las autoridades con las que se reunió durante su estancia "ha hecho referencia alguna a argumentos que denieguen o reduzcan la aplicabilidad de la legislación internacional de Derechos Humanos con relación a las medidas antiterroristas en España". Asimismo, se felicitó de que tanto Policía como Guardia Civil rechacen "el uso de métodos de interrogatorio que, a modo de excepción, se desvíen de la ley española o las normas internacionales".
TORTURAS Y MALOS TRATOS
En cuanto a las denuncias por torturas y malos tratos de detenidos, Scheinin pidió al Gobierno "mayor vigilancia en su compromiso de erradicar la tortura" y se dijo consciente del "uso generalizado de la tortura" durante el régimen franquista. No obstante, aclaró que no considera que haya habido "una continuación" de esta práctica.
Sin embargo, aseguró que le "preocupa que siga habiendo alegaciones de tortura y malos tratos a los sospechosos de delitos de terrorismo y que esto no redunde en investigaciones rápidas e independientes". "Estoy convencido de que la existencia de esas alegaciones y la falta de investigación independiente sistemática socavan la lucha antiterrorista de España", aseveró.
Asimismo, consideró que la existencia del régimen de incomunicación no ayuda a acabar con este tipo de acusaciones, ya que el periodo de incomunicación supone una "zona gris" en la que el detenido está solo sin asistencia de un abogado lo que facilita el que se puedan presentar alegaciones de torturas y malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad. "Sería mejor suprimir este régimen", insistió.
Scheinin se ha reunido durante su estancia con el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Angel Moratinos, y el de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, así como con expertos de los Ministerios de Exteriores, Interior, Justicia, Defensa, Presidencia del Gobierno, Defensor del Pueblo, además de parlamentarios. También se entrevistó con los presidentes del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y el CGPJ.
Posteriormente se desplazó al País Vasco, donde se entrevistó con el lehendakari, Juan José Ibarretxe, y otros consejeros y responsables vascos. Asimismo, durante su estancia en España ha tenido ocasión de visitar la cárcel de Soto del Real y de reunirse con representantes de las víctimas y organizaciones de Derechos Humanos, entre otros.
Respecto a las víctimas, resaltó las medidas adoptadas por el Gobierno para "subsanar, mediante ayuda material, jurídica y psicológica, la situación de todas las víctimas del terrorismo". "A largo plazo, obrar por y para los derechos de las víctimas del terrorismo es ayudar a construir sociedades sin terrorismo".