Plataforma de Defensa de Derechos Sexuales entrega en el Congreso un manifiesto contra la reforma de la Ley

Ángeles Álvarez, Diputada Del PSOE Por Madrid
PSOE DE MADRID
Actualizado 06/06/2012 15:32:43 CET

El PSOE se adhierte al manifiesto y anuncia que presentarán mociones en ayuntamientos

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Estatal en Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Plataforma DSyR) ha entregado en el Congreso de los Diputados una declaración dirigida a todos los portavoces parlamentarios en la que queda expuesta la "indignación" ante el "retroceso" que, a su juicio, supondría la reforma anunciada por el Gobierno de la Ley del Aborto de 2010.

Acompañadas por la diputada socialista, Ángeles Álvarez, y la de IU, Caridad García, las representantes de la plataforma han entregado en el Registro de la Cámara Baja una carta en la que se exponen las principales líneas de su manifiesto, titulado 'Decidir nos hace libres', con el objetivo de oponerse a dicha modificación que plantea el Ejecutivo "para limitar el aborto", y que entregarán también a todas las formaciones políticas, en sus respectivas sedes.

En esta misiva ponen de manifiesto que "cualquier intento de hacer punibles y negar los derechos sexuales y reproductivos conlleva el retroceso en cuestiones tan básicas como la educación sexual o la mejora en el acceso a la anticoncepción, incluida la de urgencia".

De igual forma, reivindican que es "esencial" la búsqueda de colaboraciones que ayuden a recordar la obligación, de acuerdo con la normativa europea e internacional, de refrendar la protección y seguridad jurídica en materia de derechos sexuales y reproductivos.

Esta plataforma fue presentada en rueda de prensa el pasado lunes en Madrid y está compuesta por organizaciones feministas, profesionales del ámbito sanitario y de planificación familiar, y secretarías sindicales de la mujer.

En la carta que han dirigido tanto a portavoces parlamentarios como grupos políticos, explican su constitución como plataforma para "canalizar esfuerzos" que eviten "retrocesos legislativos" que dificulten el ejercicio de los derechos reproductivos y que a su vez expondrían a un "mayor riesgo de la salud y la vida de las mujeres".

QUE LOS POLÍTICOS TAMBIÉN PARTICIPEN

En declaraciones en los pasillos del Congreso de los Diputados, María Eulalia Blanco Sola, miembro de la plataforma, ha invitado a los grupos parlamentarios a participar en la iniciativa, mediante un pronunciamiento "explícito y público" contra cualquier "intento de limitación" en el uso de las libertades individuales y en defensa de una "sociedad laica y democrática" que "no esté expuesta a imposiciones religiosas".

Igualmente, Tina Alarcón, también participante de la plataforma, ha resaltado lo que supuso esta normativa para las mujeres, con las que trabaja en las distintas organizaciones que componen la plataforma. "Estamos dispuestas a que nos escuchen los partidos políticos y también, muy importante, la sociedad", ha apuntado.

APOYO DEL PSOE

Mientras, Ángeles Álvarez ha destacado que los partidos progresistas de España van a estar acompañando a estas asociaciones y ha subrayado que el PSOE está implicado en la defensa de una ley que promovió en 2010, por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

En este sentido, la secretaria de Igualdad del PSOE, Purificación Causapié, ha adelantado a Europa Press que el Partido Socialista sí va a adherirse tanto al manifiesto como a la plataforma, con la idea de hacer también suya la movilización desde el partido, en apoyo a la defensa de los derechos de las mujeres.

"Presentaremos mociones en ayuntamientos y emprenderemos una movilización territorial con charlas y debates. Nos parece un tema fundamental, el mantenimiento de los derechos de las mujeres", ha detallado.

Mientras, la parlamentaria de IU, Caridad García, ha reivindicado todos los años de lucha por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, al mismo tiempo que ha tachado de "verdadera aberración" lo que, en su opinión, pretende llevar a cabo el Gobierno, a través del ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón.