Almería.- IU insiste en la "necesidad" de elaborar una nueva Ley de espacios naturales protegidos

Actualizado: lunes, 7 enero 2008 15:30

ALMERÍA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida insistió hoy en la "necesidad" de elaborar una nueva Ley de espacios naturales protegidos en Andalucía que sustituya a la actual Ley 2/1989 y que permita reunir el compendio de leyes, decretos y órdenes asociados a la declaración y gestión de dichos espacios.

Según apuntó en un comunicado el coordinador del área de Medio Ambiente de IU en Almería, Juan José Amate, una de las conclusiones de la jornada de reflexión que organizó el grupo en la Escuela de empresas de Laujar de Andarax (Almería), fue la necesidad de que esta Ley se modifique para así reformar la constitución y el funcionamiento de las Juntas rectoras para dotarlas de capacidad de decisión y aprobación de los proyectos de cada espacio natural protegido.

Del mismo modo, Amate indicó que también "urge" el seguimiento efectivo de los mismos y dar cabida a nuevas figuras de protección, como los corredores ecológicos o los Lugares de Interés Comunitario. Esta medida ya fue propuesta por la Asamblea Provincial del partido para así incluirla en el programa electoral de IU para los comicios autonómicos del nueve de marzo.

Tras el análisis de diversos temas en las distintas mesas de trabajo, la jornada se completó con una serie de propuestas programáticas en cada una de las mesas de trabajo. Sobre la ordenación de recursos naturales y conservación de la biodiversidad y desarrollo rural, se consideró oportuno el cambio del enfoque político, así como superar la ordenación territorial para llegar a la ordenación de los recursos.

Asimismo, IU destacó la necesidad de elaborar un Plan de Desarrollo Sostenible en Andalucía, en el que se asegure un enfoque orientado a mejorar el desarrollo rural de las comarcas del interior. El fin sería "resolver las discrepancias entre el Plan de Ordenación del territorio en Andalucía y el resto de planes de ordenación territorial existentes con anterioridad a éste".

En este sentido, las jornadas arrojaron la conclusión de que es "necesario elaborar un criterio único, mediante reglamento o decreto, que determine la prioridad y jerarquía de unos planes respecto de otros".

INCENTIVO AL DESARROLLO SOSTENIBLE.

El grupo también habló de incentivar el "verdadero" desarrollo sostenible en los Espacios Naturales Protegidos de la provincia, con planes consensuados por distintos agentes de la sociedad y la necesidad de reformular los planes de desarrollo sostenible contando con esa participación ciudadana.

Las mesas sobre Protección del medio natural y medio ambiente urbano y economía, sociedad, energía y consumo, acordaron "dar una vuelta a la economía", de manera que primero se cuente con los recursos disponibles como el agua o la energía para satisfacer después la demanda, y no al contrario.

Así, los asistentes coincidieron en la importancia de realizar un fomento "real" de las energías renovables, atendiendo al "enorme" potencial de cada una de ellas en la provincia y primar la "alternativa real" de abastecimiento energético compatible con el freno de las emisiones de efecto invernadero.

En ese sentido, concluyeron que es "imprescindible" hacer del fomento de las energías renovables uno de los motores de la economía en zonas rurales, dando prioridad a la implantación de estas en pequeñas instalaciones de ámbito local y capital de pequeños inversores o incluso entidades locales, frente a las grandes inversiones de grupos internacionales que "no repercuten en el verdadero desarrollo de las comarcas de interior".

Por otro lado, el grupo de trabajo indicó además que en Almería "hay un retraso abismal en materia de elaboración de Planes de Optimización Energética Municipal y la instalación de energías renovables en edificios públicos, siendo necesario potenciar la implantación de estos instrumentos en los ayuntamientos de la provincia".

Por último, IU creyó necesario introducir el concepto de Justicia Ambiental, asociado a las políticas económicas de manera que, a través de indicadores o medidores, pueda evaluarse el grado de insolidaridad ambiental y social de las diferentes políticas desarrolladas. Asimismo, matizaron que "hay que dar un impulso real al desarrollo de la Fiscalidad Ambiental, como medida para lograr la mejora de la sostenibilidad de las actividades económicas con más repercusiones en materia ambiental".