ALMERÍA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif) de Almería detuvieron el pasado día 16 a Jorge G.L., Rosa Lucía C.R. y Jesús A.M. como presuntos autores de los delitos de estafa y contra los derechos de los inmigrantes por cobrar una suma cercana a los 500.000 euros a inmigrantes a los que tramitaban los permisos de trabajo y residencia.
Las detenciones se produjeron a raíz de una investigación desarrollada por esta unidad desde el mes de abril tras la denuncia de varios ciudadanos extranjeros que aseguraron haber pagado miles de euros para tramitar permisos de trabajo y residencia para ellos o sus familiares, según informó la Jefatura en una nota.
La emisión de estos permisos partía de una gestoría llamada 'Nanut and Rex', en la avenida de la estación de la capital y de la que eran titulares Jorge G.L. y Rosa Lucía C.R., que aseguraba poder traer a familiares residentes en otros países y conseguir de forma legal el permiso de residencia, previo pago de 9.000 euros por persona.
Esta gestoría trabajaba con colaboradores que captaban clientes y con pequeños empresarios que facilitaban a la gestoría los contratos de trabajo necesarios para solicitar el permiso de residencia, siendo uno de ellos el tercer detenido, Jesús A.M.
REGISTROS.
Tras efectuar sendos registros en la gestoría y en el domicilio que comparten sus responsables, se intervino abundante documentación sobre trámites de extranjería, pasaportes de extranjeros, recibos de los ingresos que recibían de los inmigrantes y sus familias, documentación de las empresas a través de las cuales realizaban los contratos a los extranjeros, y documentación sobre los cómplices que captaban clientes y equipos informáticos.
Entre los documentos intervenidos figuran asimismo 200 expedientes de solicitud de permiso de trabajo y residencia, algunos de ellos con ofertas de empleo de empresas que no desempeñaban actividad mercantil alguna, y donde constaban las cantidades que los inmigrantes habían ido entregando, con un montante final de la actividad ilícita que puede ascender a 500.000 euros.
Las tarifas que tenían que abonar los inmigrantes iban desde los 5.000 a los 9.000 euros, dependiendo de la cantidad de personas que solicitaban sus servicios.
La Ucrif mantiene la investigación abierta y no se descartan nuevas detenciones.
