Almería.-Sucesos.-El edil de Urbanismo de Zurgena (PA) se suma a los otros dos detenidos por permitir viviendas ilegales

Actualizado: miércoles, 2 abril 2008 21:42

ALMERÍA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zurgena (Almería), Manuel Tijeras (PA), se suma a los otros dos detenidos por su implicación en la presunta comisión de delitos de prevaricación, cohecho y contra la ordenación del territorio al permitir la construcción de alrededor de mil viviendas en suelo rústico, el propio alcalde del municipio, Cándido Trabalón (PA), y un arquitecto que no desarrollaba sus funciones en el Ayuntamiento.

Así lo revelaron a Europa Press fuentes cercanas al caso, que precisaron que la Guardia Civil detuvo a Trabalón entre las 12.00 y las 13.00 horas de hoy, mientras que las otras detenciones se practicaron a primera hora de la tarde, dentro de la denominada operación 'Costurero', ordenada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Huércal-Overa (Almería) después de que La Fiscalía de Medio Ambiente incoase diligencias en 2006.

Las mismas fuentes precisaron que la operación, que se podría saldar con una cifra de entre cinco y seis detenidos, sigue abierta y que el gran número de registros que se está efectuando en distintos municipios alargará las actuaciones, como mínimo, hasta mañana.

La operación, sobre la que se ha decretado secreto sumarial, ampliado a la identidad de los detenidos, se inició hoy con registros por mandato judicial en inmobiliarias, promotores y domicilios de Zurgena, donde los agentes de Grupo de Delitos Urbanísticos intervinieron asimismo diverso material informático y documentación en la sede del Ayuntamiento, así como viviendas y empresas de Albox, un estudio de arquitectura en la capital y un despacho profesional o domicilio en Garrucha.

Tanto el primer edil como el también primer teniente de alcalde --quienes se presentaron a la reelección en las elecciones municipales de 2007 en las que alcanzaron la mayoría absoluta con ocho de los once concejales-- fueron citados a declarar en relación con este caso en enero de 2007 aunque en calidad de testigos.

El juez investigaba, tal y como sostiene el Fiscal de Medio Ambiente, Juan Sánchez, si se produjo la comisión de delito de prevaricación y contra la ordenación del territorio en la autorización municipal a seis promociones de viviendas ejecutadas por cuatro empresas en pedanías del municipio.

Algunas de ellas se encuentran paralizadas como medida cautelar después de que la Junta de Andalucía impugnase ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía las licencias municipales que el Consistorio ratificó por silencio administrativo pese a la solicitud de revisión tramitada por la delegación provincial de Obras Públicas.

El Ayuntamiento de Zurgena (Almería) aprobó en febrero de 2007 la delimitación de suelo urbano (DSU) del término municipal que situaba dentro de esta calificación las más de 1.000 viviendas denunciadas ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial por el Seprona de la Guardia Civil e impugnadas por la Junta de Andalucía.

El documento, aprobado en pleno el pasado con la abstención de los ediles en la oposición, fija en 358 hectáreas el suelo urbano de Zurgena y declara urbanizables más de 122 hectáreas en la pedanía de Carasoles-Cucador y otras 111,50 hectáreas en La Alfoquía donde, según el atestado del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, se detectaron cerca de 350 viviendas construidas sobre suelo rústico.

Las otras pedanías donde se detectaron irregularidades --hasta otras 600 residencias-- también vieron incrementada la extensión de suelo urbano. En Los Llanos del Peral adquirieron esta calificación sus 390.000 metros cuadrados de suelo mientras que en Los Menchones la superficie alcanzó los 142.800 metros cuadrados.

La propia comisión de Peticiones del Parlamento Europeo concluyó en el informe elaborado a raíz de su visita a la comarca del Almanzora y al Levante almeriense en febrero de 2007 que las autoridades provinciales de Almería "reconocieron" que "un número de autoridades municipales han actuado incorrectamente", por lo que muchos alcaldes están siendo procesados y también que "en muchos casos, considerables sumas de dinero se generaron de estas prácticas ilegales".