ALMERÍA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente primero de la Diputación Provincial de Almería, José Añez (PAL), aseguró hoy que se siente "tranquilo" ante la querella presentada por nueve ex trabajadores del Plan de Formación del Empleo Agrario (PFEA) por un presunto delito de prevaricación, contra el derecho de los trabajadores y malversación de caudales públicos, admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 6 de Almería.
En declaraciones a los periodistas, Añez argumentó que si estuviera "preocupado" por "todo lo que se ha dicho de él" en los últimos cuatro años "no estaría ya" en la institución e indicó que está "tranquilo" con su "conciencia".
Asimismo culpó al portavoz del grupo popular en Diputación, Eugenio Gonzálvez, de querer "confundir" a la opinión pública a través de planteamientos "muy simples" derivados de su "nerviosismo" cuando --continuó-- "tal vez es el presidente provincial de su partido --Gabriel Amat-- el que más querellas y denuncias acumula".
El PP anunció ayer que el juez ha admitido a trámite la querella formulada por los nueve trabajadores del PFEA, ocho de los cuales fueron despedidos en mayo de 2005 por finalización de contrato, junto a otros 26, a pesar de que, según el grupo popular, habían causado derecho a merecer la consideración de fijos en base a los contratos suscritos y el tiempo que habían prestado sus servicios.
Los despedidos formularon denuncia ante los Juzgados de lo Social de Almería, que fallaron a su favor y pidieron su readmisión en la institución provincial, al entender que el despido se hizo por motivos políticos. La Diputación los readmitió en enero de 2006, aunque "de forma irregular" al no obtener "ocupación efectiva" en su puesto de trabajo, por lo que presentaron nuevas denuncias ante los mismos juzgados.
En febrero de 2006, estos ocho trabajadores dejaron de prestar servicio en la Diputación, aunque la institución siguió abonando sus retribuciones y contrató a otros empleados para realizar las mismas funciones que los que fueron indebidamente readmitidos, por lo que la Diputación "paga salarios a empleados que están en sus domicilios y que no prestan servicio y contrata a otros para realizar el mismo trabajo".
El 8 de julio de 2007, según el PP, el entonces presidente, José Añez, despidió a los ocho trabajadores anteriores más otro contratado posteriormente, a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el Tribunal Supremo (TS) ratificaron las sentencias del Juzgado de lo Social de Almería que desestimaban los recursos de súplica interpuestos por la Diputación.
El PP presentó, por su parte, ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas una denuncia contra Añez por malversación al pagar un total de 359.870,42 euros a los ocho trabajadores del PFEA que percibieron su sueldo "sin trabajar".
A finales de junio pasado el Tribunal de Cuentas abrió diligencias preliminares por la presunta responsabilidad contable del ex presidente provincial y el PP se constituyó como parte en el procedimiento al considerar que Añez era responsable de la ordenación de pagos y que se ha causado un daño al erario público al efectuar un doble pago.