Almería.-Tribunales.- El Ayuntamiento recurrirá la sentencia que anula la licencia de obra de la Oficina de Extranjería

ALMERÍA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería anunció hoy que recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Almería que anula la licencia municipal de obra concedida para la reforma del local que la Subdelegación de Gobierno arrendó en el barrio de San Luis para instalar la nueva sede de la Oficina de Extranjería.

En respuesta a preguntas de los periodistas, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento capitalino, Juan Megino (GIAL), argumentó que a pesar de que el juez Jesús Rivera define como "sótano" el local donde se asienta la oficina, el recinto es un semisótano y el planeamiento permite este tipo de usos con "la adecuada respiración".

Aunque aseguró no conocer aún el fallo, el edil avanzó que ya se ha puesto en contacto con la Subdelegación del Gobierno, que también formulará recurso ante el TSJA, y defendió que el Ayuntamiento otorgó la licencia en base a informes técnicos y jurídicos favorables.

El juez Rivera consideró sin embargo, tal como denunció la Plataforma vecinal de San Luis-Minas de Gádor, que el acto administrativo fue "no ajustado a derecho", ya que, según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en vigor, el local ubicado en la calle Marruecos tiene la calificación de sótano del bloque de viviendas situado encima y, por tanto, su uso queda limitado a acoger "instalaciones al servicio de la edificación o aparcamientos".

El magistrado descarta, asimismo, que una oficina de atención al público pueda ser definida como "usos no residenciales complementarios", tercer supuesto de uso que la normativa urbanística dispone para sótanos y subraya que el local no cumple las condiciones para ser pieza habitable ya que el techo "no está a un metro de la cota de referencia del terreno".

A la oficina, inaugurada el pasado mes de julio, se opuso intensamente la Plataforma vecinal contra la oficina de Extranjería en Piedra Redondas-Minas de Gádor, que protagonizó la última protesta contra el recinto el 16 de abril de 2007.

Previamente, una veintena de manifestaciones derivaron en la apertura de 15 expedientes administrativos sancionadores a algunos de los participantes por parte de la Subdelegación del Gobierno e, incluso, la imputación de un delito contra la seguridad de tráfico a un conductor que arremetió contra ellos por cortar la Carretera de Ronda de la ciudad.