La Cámara de Cuentas señala déficits en la gestión de los Feoga por el IARA, "que no tuvo en cuenta" los reparos a la contratación
ALMERÍA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -
El parlamentario andaluz del PSOE por Almería y presidente de la Junta Central de Usuarios del Poniente, Manuel García Quero, ratificó hoy ante el tribunal que la Comisión Europea (CE) "está a la espera" de la resolución judicial del proceso por presunta estafa y fraude a la Hacienda Pública contra el ex presidente de la Comunidad de Regantes 'Sol y Arena' Pedro Mena para exigir a la Junta de Andalucía la "reversión" de los fondos Feoga con los que se financió el 40 por ciento del coste de la obra de mejora de regadío en el Campo de Dalías, bajo sospecha desde el año 1996.
Durante la quinta sesión de la vista oral en la que Mena se enfrenta junto al administrador de la mercantil Tecniriegos, Santiago Penichet, una petición fiscal de once años de prisión, García Quero, quien en 1992 compartía junta directiva con el principal procesado, negó sin embargo tener conocimiento de los desfases presupuestarios entre lo ejecutado y lo recogido en el anexo de la orden por la que se aprobó el proyecto, que el Ministerio Público cifró en alrededor de seis millones de euros sólo en la actuación sobre el pantano de Beninar.
A preguntas del letrado de la defensa de Pedro Mena sí aseguró conocer, en calidad de presidente de la Junta Central de Usuarios del Poniente, el contenido de un respuesta parlamentaria del ex consejero de Agricultura y Pesca Paulino Plata en la que, a instancias del grupo de IULV-CA, garantizó al plenario autonómico que la obra de la comunidad 'Sol y Arena' "no había supuesto ningún perjuicio al erario público" pese a que la fiscal cifra el presunto fraude a la Administración en 3,4 millones de euros.
Al tiempo, afirmó desconocer que la citada entidad no cumplía los requisitos para la ejecución del proyecto debido a no estar inscrita en el organismo de cuenca al estar constituida como merca comunidad de bienes o, en esta línea, si como tal era merecedora o no de los fondos Feoga para una actuación donde el Ministerio Público cuantifica la subvención con 7,3 millones de euros para la primera fase y con 2,9 millones de euros para la segunda.
García Quero, quien cerró la sesión en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial que se reanudará en jueves tras dos semanas de receso, estuvo precedido en el turno testifical por el auditor de la Cámara de Cuentas de Andalucía que elaboró un informe, adjunto al escrito de acusación del Ministerio Público, y en el que se recogen, entre otras consideraciones, que la contratación de la obra con la mercantil propiedad del otro acusado "se hizo por un importe un seis por ciento superior al del precio de licitación sin que conste --matiza-- que fuera una condición del pliego".
El auditor Enrique González se ratificó en el contenido del citado documento, en el que, según reconoció, llamó la atención que el IARA "hubiera hechos caso omiso" a las "nuestras" recomendaciones en cuanto a la adjudicación de la obra a Tecniriegos, en la que apreció la "ausencia de los principios de publicidad y concurrencia" e, incluso, se aplicaron unos criterios en mesa de contratación "distintos a los baremos de criterio de selección".
Pese al esfuerzo en la estrategia procesal del letrado de la defensa de Mena por desvirtuar y desacreditar el contenido del informe de la Cámara de Cuentas, aprobado por el Parlamento andaluz, el auditor valoró que, de haberse seguido las recomendaciones, se podrían "haber mejorado la gestión de los fondos Feoga" por parte del IARA con respecto a la comunidad de regantes 'Sol y Arena'.
MAQUINACIÓN.
La vista oral fue aplazada el pasado día 14 tras la celebración de cuatro sesiones que se saldaron con la detención por desacato de uno de los testigos, que se negó al contestar a las preguntas de uno de los letrados de la defensa en un procedimiento cuyo sumario asciende a 20.000 folios y se remonta a 1998, año en que la Plataforma por la Democratización de 'Sol y Arena' presentó la querella de origen.
La causa dirime si procede imponer a Mena y Penichet las penas de ocho y tres años de prisión más una multa de 20 meses a razón de 12 euros al día, respectivamente, así como indemnizaciones que ascienden a seis millones de euros por, presuntamente, lucrarse de "forma ilícita" de las ayudas otorgadas por la Junta de Andalucía para la citada actuación, presupuestada en 18,3 millones de euros, de los que el Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) financió un 40 por ciento.
Durante los dos primeras sesiones de la vista oral, Mena, de 70 años, negó haberse lucrado con la ejecución de obras de regadío y defendió que su gestión se hizo siempre sin salir "ni un punto ni una coma" de lo acordado unánimemente por su directiva. Atribuyó, en esta línea, los cargos por los que está procesado a aquellos "a los que no soy simpático por lo no haberme dejado manipular" y esgrimió la legalidad y transparencia en su actuación que, según subrayó, demuestra se convocase concurso para la adjudicar la obra "cuando sabía que se podía haber dado directamente".
Por su parte, Penichet rechazó "de forma tajante" haberse "puesto de acuerdo" con el ex presidente de la comunidad de regantes para "inflar" el presupuesto de 18,3 millones de euros y alegó ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería que, a su juicio, "resulta evidente que no hubiera podido ser así dado la cantidad de personas que intervinieron en el trámite".
El director de obra para la ejecución de la mejora de regadíos en el Campo de Dalías y único de los testigos en completar su declaración, Juan López Navarro, aseguraba que Mena --su tío político-- "tiró piedras contra su propio tejado" durante la gestión del proyecto y se mostró convencido de que tampoco favoreció, desde su punto de vista, "los intereses de la entidad".
El fiscal considera en su escrito de calificación provisional, a principios de 1993 y con motivo de la inminente realización de unas obras de regadíos para el Campo de Dalías (Almería), Mena y Penichet "decidieron maquinar un plan para lucrarse en perjuicio de la propia Comunidad de Regantes y de la administración que subvencionaba las obras, repartiéndose los beneficios económicos de su ilícita actividad".
