Almería.-Tribunales.- El juicio por coacciones a operarios de Endesa contra un edil y una candidata de Mojácar es mañana

Actualizado: lunes, 7 mayo 2007 19:01

Ambos fueron detenidos el 20 de marzo por oponerse a la instalación de una torreta de alta tensión en la finca de la activista

ALMERÍA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Vera (Almería) acoge mañana el juicio de faltas contra la activista de 'Levante Sin Cables' y número tres de la candidatura de 'Levante SOS Mojácar', Astrid Schröder y el concejal de A-Iz y ex alcalde, Carlos Cervantes por presuntas coacciones a operarios de una subcontrata de Sevillana Endesa, la empresa 'Cobra'.

Ambos eran detenidos por agentes de la Guardia Civil de Garrucha el pasado día 20 de marzo cuando protagonizaban una protesta junto a otros activistas de los municipios de Turre, Los Gallardos y Mojácar para impedir el inicio de las obras de instalación de un torreta de alta tensión en la finca propiedad de Schröder.

Tras abandonar el puesto de la Benemérita, en el que permanecieron según su testimonio desde las 11.30 a las 15.30 horas, la veterinaria alemana interpuso otra denuncia contra la compañía eléctrica a la que imputó el delito de allanamiento de morada ya que --sostiene-- entraron en su vivienda "sin mostrar ninguna documentación" y con una pala con la que empezaron de inmediato a realizar movimientos de tierra.

La torreta, de más de 30 metros de altura, 64 metros cuadrados de base y una de las 48 que prevé el proyecto de Sevillana Endesa para su línea de alta tensión en el Levante almeriense que la Plataforma convertida en formación política exige sea soterrada, se ubica a apenas siete metros de la fachada de la vivienda de la veterinaria.

Por este motivo, Schröder interpuso el pasado día 2 el quinto contencioso administrativo contra la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía de la Plataforma 'Levante sin Cables' por invadir su propiedad al autorizar dicho proyecto.

Asimismo, Schröder solicitó al Juzgado de lo contencioso administrativo número dos de Almería la paralización inmediata de las obras en su finca, obras que alega le están causando "perjuicios irreparables con ruidos ensordecedores, nueves de polvo y destrucción de especies autóctonas".

La activista, quien según detalló el presidente del colectivo, Juan Grima, en una nota, habría recibido 125 euros como contraprestación a la instalación de la torreta en una finca que ella valora, en su escrito al juez, en más de un millón de euros.

Otros quince integrantes de la Plataforma ya fueron sancionados administrativamente en febrero con multas de 350 euros por la Subdelegación del Gobierno central en Almería debido a la participación en actos con los que querían impedir la reanudación de los trabajos de los operarios de la subcontrata de Endesa en Turre, Los Gallardos y Mojácar.

El magistrado titular del juzgado de lo contencioso administrativo número dos, Jesús Rivera, quien dictó el pasado día 30 de enero el levantamiento de la suspensión cautelar de las obras de la línea de alta tensión de Sevillana Endesa en Mojácar, Turre y Los Gallardos sobre la que pesaba una paralización ordenada por el mismo desde el 30 de noviembre de 2006.

El citado dictamen judicial favorable a Sevillana Endesa se justificó en la demanda de suministro eléctrico de un millar de viviendas de nueva construcción en la comarca y que la eléctrica dice no poder atender debido a la falta de capacidad de la línea actual.

El fallo que permitió el reinicio de las obras está recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por la plataforma 'Levante sin Cables' que sostiene que la declaración de interés público del proyecto no le exime de la preceptiva licencia municipal de obras que los tres ayuntamientos afectados se negaron en pleno a conceder.

Un dictamen de los servicios jurídicos de la Diputación Provincial, esgrimida por la Mancomunidad de Municipios del Levante para no intervenir en la paralización de la instalación de la línea, sostiene lo contrario y deja exento al proyecto del visto bueno de los consistorios de Turre, Los Gallardos y Mojácar.