ALMERÍA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha archivado la información previa abierta para investigar la actuación del Juzgado de Instrucción 2 de Almería en la causa por el rapto y la muerte de la bebé de 16 meses de Palma del Condado (Huelva) Míriam Cuerda tras concluir que no puede imputarse a su titular una falta de retraso o desatención con respecto a Raúl Ríos, quien estuvo imputado por presunto encubrimiento durante más de dos años.
Raul Ríos presentó una queja contra el magistrado Jesús Miguel Hernández Columna ante el órgano de gobierno de los jueces en la que indicaba que había solicitado en varias ocasiones la práctica de diligencias que habían sido "ignoradas" por el instructor, lo que dio lugar a que el promotor de acción disciplinaria solicitase en abril a la secretaria judicial un informe sobre la tramitación del procedimiento.
En su resolución, consultada por Europa Press, el CGPJ señala que, a la vista del citado informe, "no puede hablarse de retraso ni irregularidad alguna que pueda serle reprochada al órgano mencionado ni a su titular, por cuanto las peticiones realizadas por la representación procesal de Raúl Ríos se ha dado respuesta, sin que contra las mismas se haya interpuesto recurso alguno".
Detalla que consta que la representación procesal de Ríos Fortes presentó "diversos escritos" en los que se solicitaba la práctica de diligencias de prueba, "los cuales constan unidos a autos y de los que se dio oportuna cuenta al magistrado, quedando pendientes de resolver por estar a la espera del resultado de otras diligencias, relevantes para resolver en cuanto a lo solicitado".
El CGPJ sostiene, asimismo, que, una vez el procedimiento pasó a los trámites del tribunal de jurado, y en la comparecencia, se le dio la palabra a su abogado "y se reservó el derecho de solicitar diligencias de investigación en los cinco días posteriores aunque cuando se resolvió en el auto sobre las solicitud de las diligencias de las partes, previo informe fiscal, no se había interesado ninguna por su defensa, ni reiterado las anteriores".
Por último, apunta que, una vez se dictó auto de sobreseimiento para Raúl Ríos, debidamente notificada y en el que se decía que se hacía "innecesarias la diligencias de investigación instadas en su descargo", este devino en firme ya que "ni se solicitó aclaración o subsanación de aspecto alguno".
PENDIENTE DE RECURSO ANTE LA AUDIENCIA
El órgano de gobierno de los jueces hace referencia, asimismo, a las diligencias previas abiertas en el mismo juzgado, al que le cayó por reparto, tras la denuncia presentada por Ríos Fortes, y que han sido archivadas si bien están pendientes de resolución de recurso de reforma y subsidiario de apelación ante la Audiencia Provincial.
En esa denuncia, pide que se investigue el origen de los mensajes de 'wasap' que dieron lugar a su detención en 2012 por parte de la Guardia Civil ya que, según sostiene, "fueron manipulados y sesgados, no correspondiendo lo transcrito en las actuaciones con lo sucedido realmente, por lo que son del todo falsos". Interesa, asimismo, que se pida al Juzgado de Instrucción 2 de Almería "los terminales móviles" al tiempo que cuestiona la cadena de custodia.
Ríos remarca en su escrito que la "transcripción que se hizo de los mensajes" fue el "motivo argumentado en su día por la Guardia Civil para 'culparme' de los hechos", así como "el mantenido por el juzgado hasta mi desimputación reciente" y califica de "autentico calvario" su imputación "teniendo en cuenta el tipo de delito del que fui injustamente acusado, sin que por nadie se hayan atendido mis reiteradas solicitudes de prueba a fin de acreditar la falsedad de los mensajes de 'wasap' que sirvieron primero para mi detención y luego para mi imputación".
El análisis del contenido de los teléfonos móviles intervenidos a Jonathan Moya, para quién la Fiscalía pide 26 años de prisión por el secuestro y asesinato de la bebé Míriam, y cuya investigación judicial solicita Raúl Ríos dio lugar a un informe de la Policía Judicial que concluía que "era conocedor de las intenciones de su amigo de separar a la menor y a su madre en contra de la voluntad de esta" y que podía asimismo "conocer el paradero de ambos" una vez fue secuestrada el 20 de diciembre de 2012.
El citado informe, a la postre descartado por el instructor como prueba de cargo, lo que dio lugar al archivo de actuaciones contra él, indicaba que había "llegado a asesorar incluso a este sobre hacía dónde debía dirigirse y llevar a ambas la mañana del 20 de diciembre" tras el estudio de extractos de los mensajes de texto y de 18 "charlas" usando la aplicación Whatsapp.
