Condenan a 54 años a una red que alijó 9 toneladas de hachís con ayuda de dos guardias civiles

   ALMERÍA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

   La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a penas que suman 54 años de prisión y a multas que ascienden en algunos casos hasta los 30 millones de euros a los integrantes de una red que planeó introducir en agosto de 2006 más de nueve toneladas de hachís a bordo del barco pesquero 'Caty y Pedro', con base en Carboneras.

   El alijo, que fue abortado en el transcurso de segunda fase de la conocida como operación 'Mamola' en el puerto ejidense de Almerimar, contó con "participación activa" de dos agentes de la Guardia Civil, a quienes el tribunal de la Sección Segunda impone penas individuales de nueve años y un mes de prisión como autores de delitos contra la salud pública y cohecho pasivo.

   La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, estima que ambos guardias civiles, quienes habrían cobrado de la red 60.000 euros, revelaron asimismo información reservada relativa al Servicio Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) para dar cobertura de seguridad a la actuación de los narcotraficantes, por lo que les condena al pago de una multa de doce meses a razón de 10 euros al día.

   Según señala el tribunal, uno de los agentes, J.A.R.G., destinado en la Patrulla Fiscal y Territorial (Pafite) de El Ejido y con prestación de servicios en el SIVE, "tenía entre sus funciones" la vigilancia del puerto de Almerimar, por lo era "conocedor" tanto de los turnos de guardia como de los efectivos, vehículos y medios terrestres que podían obstaculizar o impedir la llegada del alijo.

   El otro agente, identificado como F.M.B. y con destino en la Intervención de Armas de la Comandancia de Almería, era el encargado de comunicar las contingencias a los dos cabecillas de la banda para fijar el día y la hora "más propicios" para el desembarco de la droga y de "contactar directamente" con estos para recibir el dinero que ambos debían percibir por su participación.

   La sentencia considera probado que los procesados en la causa estaban integrados en una "grupo dedicado a la introducción en territorio nacional de grandes cantidades de hachís" procedente de Marruecos mediante barcos de pesca, para lo que contaban en tierra con la ya citada cobertura de agentes de la Guardia Civil.

   En la parte alta del organigrama sitúa a F.M.F., alias 'El Largo', y a J.J.M.M., apodado 'El Legionario', como los encargados de preparar la infraestructura personal y material, de pagar y recibir la ilícita mercancía, de disponer lo necesario para el transporte al lugar de depósito, de custodiarla hasta el momento de su comercialización y de abonar la cuantías de dinero pactadas con los transportistas, los porteadores de la droga una vez en tierra, y a los agentes implicados.

   Con el fin de "eludir el control" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ambos decidieron transportar la sustancia estupefaciente en un pesquero "debidamente" matriculado y legalizado para faenar, desde su lugar de recepción en alta mar hasta el puerto deportivo de Almerimar, donde contaban con la cobertura de los dos guardias civiles.

   Así, contactaron con F.C.L., A.C.L. y P.C.L., patrones de los barcos 'La Rumba' y 'Caty y Pedro' aunque el rol preponderante en las comunicaciones que se establecieron para organizar el porte de hachís lo llevaban el primero de ellos, alias 'El Menuo' y 'El Legionario'. A continuación, y con la mediación de L.G.C.E., cuñado de uno de los agentes, pactaron cómo habría de hacerse la cobertura de seguridad y cómo hacer llegar las indicaciones necesarias acerca "del momento más propicio para acometer la operación con el menor riesgo posible".

"PROBLEMAS ECONÓMICOS"

   El tribunal de la Sección Segunda remarca que la red decidió, a través de "frecuentes comunicaciones vía telefónica", que la operación se ejecutase entre julio y agosto de 2006 debido a que los dos guardias civiles "llevaban tiempo reclamando la realización de un alijo de importante cantidad para así superar los problemas económicos que decían sufrir y tenían interés por acelerarla".

   Debido a contratiempos técnicos de última hora y a que "crecía el interés" de la banda por llevar a cabo la actuación, se decidió utilizar para llevar a cabo el alijo el barco pesquero con base en Carboneras 'Caty y Pedro'. Su propietario recibió 300.000 euros, que debió repartir entre los tres encargados del transporte marítimo tras detraer las cantidades a pagar a los tripulantes de la embarcación.

   Así, en la madrugada del 7 de agosto de 2006, el pesquero partió de Águilas (Murcia) con el patrón A.C.L.; el hombre de confianza del dueño M.A.M.B., alias 'Murdoz'; el mecánico A.C.J. y el cargador S.F., junto a otras dos personas no juzgadas en esta causa. Los otros dos encargados de organizar el transporte marítimo se quedaron en puerto para coordinar el buen fin de la operación desde tierra.

   Paralelamente, los dos agentes de la Guardia Civil se entrevistaron en un hotel de El Ejido y aprovechando que uno de ellos entraba de servicio esa misma tarde en el SIVE y podía "conocer sin dificultad el número de patrullas que podrían vigilar la zona del puerto de Almerimar, así como el horario de desarrollo de sus movimientos", pactaron que la mejor hora para el desembarco de la droga debía ser entre las 14,00 y las 15 horas del día 8.

   Una vez se hizo el trasbordo en alta mar de los 302 fardos de hachís, el 'Caty y Pedro' puso rumbo al puerto de Almerimar, donde esperaban para proceder a la descarga de la droga y traslado hasta un lugar seguro D.P.M.; A.G.J.G.; y I.F.B.M., propietario este último del camión preparado para el transporte de la droga en tierra.

   La segunda fase de la operación 'Mamola' estalló al atracar en el puerto el pesquero, desarrollada por agentes del Grupo de Información de la Guardia Civil y apoyados por los miembros de la patrulla fiscal de Garrucha. Tres de los acusados reconocieron participación en los hechos y revelaron datos que fueron "determinantes para la detención, acusación y enjuiciamiento de los máximos responsables conocidos del grupo desarticulado".

   La sustancia intervenida arrojó un peso neto de 9,4 toneladas de hachís con un porcentaje de THC del 8,60 por ciento y un valor en el mercado ilícito de 11.299.176 euros.