ALMERÍA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Ecologista Cóndor se ha manifestado "totalmente en contra" del plan de la Junta de Andalucía para "reabrir minas y canteras en espacios naturales protegidos" de la provincia "con las pretensiones de crear puestos de trabajo", ya que esto implica la aplicación de "técnicas mineras invasivas en el Parque Nacional de Sierra Nevada, en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, en el Paraje Natural del Karst en Yesos de Sorbas o en los LIC de Sierra de Gádor y Enix", entre otros.
Los ecologistas, que también han advertido de este tipo de actuaciones en Sierra Alhamilla, Desierto de Tabernas, los arrecifes de Posidonia de Roquetas, la Serreta de Cabo de Gata, la Sierra del Oso, Sierra María-Los Vélez, la Sierra de Almagro, Sierra Almagrera, Los Pinos y El Aguilón, y Sierra Cabrera-Bédar; han calificado de "disparate" que se trate de sacar a concurso un proyecto para investigar y explotar "la mitad del Paraje Natural del Karst de Yesos" en donde existe "la mayor concentración de cuevas, dolinas, cañones y geodas".
Igualmente, han apuntado en una nota que se ha sacado a concurso la investigación y explotación de "la tercera parte del Parque Natural de Cabo de Gata" que es "el primer espacio marítimo-terrestre protegido de Andalucía, Reserva de la Biosfera y Geoparque".
"Lo que tanto esfuerzo y años nos había costado al movimiento ecologista limitar las concesiones y permisos en el Parque, ahora, de un plumazo, cambian de criterio y se lo cargan", han manifestado desde Cóndor, quien ha achacado estos concursos a la directora general de Industra, Energía y Minas de la Consejería de Economía, María José Asensio.
En esta línea, han incidido en que Asensio "fue imputada por la Audiencia de Huelva en abril de 2013 por presunta prevaricación en el ejercicio de sus funciones como Delegada Provincial de la Junta de Andalucía. La imputación por la Audiencia se produjo como consecuencia de la querella criminal realizada por seis técnicos del Departamento de Industria, Energía y Minas de Huelva, que de acuerdo con lo argumentado sufrieron una serie de presiones para firmar una resolución contraria a la Ley de Minas y así facilitar la actuación de la empresa Matsa".
Los ecologistas han cifrado 87.899,71 las hectáreas de terreno que se ponen "a disposición de las empresas" en Almería, es decir, unas 2.900 cuadrículas mineras, "más del diez por ciento de la superficie de la provincia, con un gran porcentaje en espacios naturales protegidos, con unos efectos ambientales impresionantes", según sus cálculos.
