ALMERÍA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -
La defensa del ex jefe de la Abogacía del Estado en Almería Demetrio Carmona, quien esta siendo enjuiciado junto a otras seis personas por formar parte presuntamente de un "grupo criminal" al que se acusa de extorsión, ha asegurado que, a lo largo del procedimiento, ha habido "actuaciones por parte de la fuerza actuante deliberadas y tendenciosas para presionar moral, profesional y también civilmente" a su patrocinado.
A la espera de que Carmona declare ante el tribunal este martes y en el trámite de cuestiones previas en el que ha pedido la nulidad de las intervenciones telefónicas que obran en la causa, el letrado Miguel Ángel Campos ha trasladado que, si bien "mantiene" los escritos presentados en los que afirma que se trató "de un error involuntario de la Guardia Civil", hay cuestiones que le "llevan a hacerme el siguiente planteamiento".
"Hubo actuaciones por parte de la fuerza actuante deliberadas y tendenciosas para presionar moral, civil y profesionalmente a Demetrio Carmona", ha remarcado. Con anterioridad, Campos ha sostenido que "no existía ninguna razón" para las intervenciones telefónicas autorizadas por el juez instructor y ha cuestionado que "no se extremara el celo" en este sentido al tratarse de un "abogado del estado" y "otro en ejercicio", en alusión a otro acusado, el abogado Rogelio V.R., a la sazón letrado de Carmona en asuntos empresariales.
Campos, al igual que el resto de defensas, ha reprochado que se iniciase la causa penal a raíz de una denuncia particular "de la que la Guardia Civil ya deduce que hay una asociación criminal" y motiva el primer auto que autoriza escuchas y que el segundo auto de intervención telefónica se hiciese a partir "de un informe de análisis de días de escuchas, no de transcripciones". "Eso es ilegal", ha dicho.
En la misma línea se han pronunciado las defensas de los otros acusados como Rogelio V.R., representado por Nabil El Meknassi, y el empresario vinculado al PP José A.M. El abogado de este último, Ernesto Osuna, ha señalado que con una "mera denuncia ante la Guardia Civil por presuntas amenazas, un delito sin gravedad, se decretó secreto de actuaciones" y se optó "por la prospectiva y por, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, intervenir los teléfonos de personas de relevancia a ver qué aparece".
En este mismo trámite de cuestiones previas, el fiscal David Calvo ha defendido la "idoneidad y proporcionalidad" en fase de instrucción y ha remarcado que la denuncia que dio inicio a las diligencias no daba cuenta de unas "simples amenazas o de una peleilla de vecinos" sino de un hecho "de cierta complejidad, con apariencia de organización con reparto de papeles y con personas que, aparentando ostentar determinados cargos, extorsionan directamente y dan plazo para la entrega de dinero".
"Sin entrar en el fondo, hablamos de un ciudadano que tiene dinares iraquíes, al que se le presentan unas personas que le acompañan a Madrid, que le hacen firmar un poder, abrir una cuenta en Suiza, a la que cita una persona en una cafetería pero en la que aparecen otras dos que dicen ser de CNI y le dan horas para que ponga a su disposición los dinares o se lo llevan detenido a Madrid", ha descrito para añadir que, fruto del secreto de actuaciones y de las escuchas que pretenden impugnar las defensas, se "reveló que había otras víctimas que sufrían las malas artes de los acusados".
El tribunal ha escuchado en esta primera jornada de la vista oral la declaración de tres de los encausados, entre ellos José A.M., quien no está acusado por estos hechos en relación con dinares iraquíes sino por su presunta intervención en supuestos intentos de extorsión a dos empresarios con los que "mantenía problemas económicos realmente" Demetrio Carmona "en representación del propio Carmona" con métodos "agresivos y violentos".
El empresario, quien se ha arrogado "muy buenas relaciones" con el PP por haber sido cargo del partido en Cataluña, ha reconocido que "tuvo muchas reuniones" con altos cargos en la provincia y que "hizo un favor" a Carmona "mediando" ante ellos "porque él tenía problemas con la Agencia Tributaria y con unos préstamos de Bankia".
Tras afirmar a preguntas del fiscal que ha hecho "500.000 favores" de este tipo en "Madrid, Murcia o Alicante", ha reconocido que hizo "gestiones" en nombre del ex jefe de la Abogacía del Estado en Almería ante los dos empresarios personados como acusación particular pero ha negado que cobrase por ello o que les amenazase con que "tenía poder para meter a gente en prisión o ándate con cuidado".
"Si yo veo que hay algo ilegal, yo no me meto en ese tema. Todo se hizo amigablemente y yo nunca he considerado que estuviera haciendo nada malo. Era presión dentro de la legalidad como presiona al Gobierno cualquier sindicato", ha apuntado para, ya a preguntas de su abogado, afirmar que fue la Guardia Civil la que, a raíz de la denuncia del propietario de los dinares, "la que fue a buscar a los dos empresarios para decirles ¿es que os están extorsionando?".
Antes, han sido interrogados Luis Miguel G. y Ángel M. El primero ha defendido su papel de mero empresario que se dedica a "su negocio de comprar y vender aceite y materiales de construcción" y ha negado la pertenencia a "un grupo organizado" ya que "de esa supuesta trama me enteré después de 72 horas de angustia en el calabozo".
El segundo acusado en declarar ha limitado su intervención en los asuntos de Demetrio Carmona y Rogelio V.R. a su trabajo "de intermediación" y ha negado el uso de "tono agresivo, amenazas o maneras broncas" en su presencia. "Se discutía para intentar llegar a un acuerdo", ha asegurado para concluir que su participación se debía a que "si se hubiera llegado a acuerdo, hubiera cobrado honorarios por intermediar".
ACUSACIÓN FISCAL
La Fiscalía solicita penas que oscilan entre los tres años y once meses, y los nueve años de prisión para los siete procesados, a quienes acusa de integrar un grupo "criminal" organizado que usaba presuntamente "medio ilícitos para conseguir beneficios económicos de terceros", a quienes "obligaban a realizar disposiciones patrimoniales a favor de miembros de este grupo".
Les atribuye la comisión de presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal y tres supuestos delitos de extorsión en grado de tentativa aunque a dos de ellos les imputa además sendos delitos de usurpación de funciones públicas y falsedad en algunas operaciones, una de ellas encaminada a hacerse "mediante engaño" con 128,4 millones de dinares iraquíes.
Concreta que, entre los medios "ilícitos", se incluyó el "aparentar" supuestamente "identidades que no les correspondían" como la de "miembros importantes" del CNI o de la CIA "pretendiendo intimidar con el poder que supuestamente esto les otorgaba" o la referencia a "influencias en ámbitos judiciales y policiales" con la intención de "menoscabar la voluntad de las personas con las que trataban ya que les anunciaban consecuencias negativas para su seguridad si no se avenían a sus requerimientos".
El Ministerio Público relata que el grupo ideó supuestamente un plan para "engañar" a un empresario almeriense que, según habría informado Carmona, tenía 128,4 millones de dinares iraquíes depositados en una empresa de seguridad y adquiridos en 1996.
Sostiene, en esta línea, que el ex jefe de la Abogado del Estado "estaba presente y era partícipe" como también en los otros dos supuestos casos de extorsión. En uno, el grupo pidió supuestamente 25.000 euros, seis millones de euros y que "determinadas acciones de la sociedad se pusieran a nombre de quien indicasen mientras que, en el otro caso, exigieron "cuatro millones de euros en concepto de daños y perjuicio a Demetrio Carmona".
