Jucil y CEM alertan del "abandono" policial y la "desprotección" de los patrulleros en Roquetas de Mar (Almería)

ALMERÍA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil) y el sindicato independiente Colectivo de Emergencias Municipales (CEM) han puesto de manifiesto este martes el "abandono institucional" y la "desprotección" que afectan a los patrulleros de Guardia Civil y Policía Local en Roquetas de Mar (Almería).

En su comunicado, han señalado que esta situación viene determinada por una concurrencia de factores que han llevado a los agentes a un estado de "colapso físico y mental".

Entre esos factores destacan el déficit crónico de efectivos, al indicar que el municipio y el Ministerio "incumplen de manera sistemática las ratios recomendadas de policías por habitante", y la alta densidad poblacional, que supone un "incremento significativo" del volumen de residentes itinerantes, entre los que, además de turistas, figuran "numerosos ciudadanos no censados y personas extranjeras sin residencia legal en España".

Asimismo, apuntan al incremento estival sin refuerzos, dado que durante el periodo estival la población se triplica, "sin que se activen los refuerzos ni las comisiones de servicio necesarias para hacer frente a esta presión adicional de forma continuada en el tiempo", junto al desplazamiento de organizaciones de narcotraficantes a la costa almeriense.

A todo ello suman el "abandono institucional" y el "deterioro de la salud de los agentes", ya que, según sostienen, "la nula gestión y el sometimiento pleno a decisiones políticas de los mandos superiores han generado un abandono institucional que ha provocado que un número considerable de agentes y mandos intermedios hayan causado baja médica, mermando aún más los escasos efectivos".

También aluden a la "nula gestión del equipo de gobierno municipal en el barrio de las 200 Viviendas", que describen como un "gueto donde impera la ley del más fuerte", con tráfico de drogas, prostitución, explotación sexual forzada, mercadillos ilegales, riñas violentas y apuñalamientos como constantes, además de graves molestias por ruidos, olores y residuos para el conjunto de los vecinos.

EL ESTALLIDO DEL CONFLICTO EN LA ZONA DE LAS 200 VIVIENDAS

Esta situación de "desgaste" ha encontrado su punto de inflexión en un hecho "grave" ocurrido en julio, cuando se detuvo a un individuo por un delito contra la salud pública y omisión del deber de socorro tras intentar deshacerse de un cadáver en la vía pública de este barrio.

Este hecho no fue relevante para tomar ninguna medida adicional en la seguridad de dicha zona por parte de los responsables policiales de uno y otro cuerpo, así como de los responsables políticos, hasta que fue divulgado por los medios de comunicación el pasado 2 de noviembre.

El día 4 de ese mismo mes se convocó la Junta Local de Seguridad, cuyas conclusiones se mantienen en la "opacidad más absoluta, trascendiendo tan solo sus consecuencias claras y dramáticas".

La primera alude a la continuidad en la inutilización de los calabozos de la Policía Local, "fruto de un conflicto provocado que afecta a la funcionalidad de ambos cuerpos y que ha supuesto una merma operativa crítica, al tener que destinar como mínimo una dotación completa de la Guardia Civil por turno exclusivamente al traslado de detenidos".

Este hecho conlleva el "no poder ejercer la prevención de la delincuencia y acudir novedades en el resto de la localidad durante varias horas, dejando desprotegidos a los ciudadanos".

La segunda señala la "exposición temeraria permanente de los agentes", ya que "se ha emitido una Orden de Servicio que obliga a patrullar únicamente el barrio de las 200 Viviendas con las patrullas de Guardia Civil en colaboración con Policía Local", una medida que, "además de ser un parche político que no solucionará los problemas de fondo, expone de manera temeraria e incongruente la integridad física de los agentes, utilizándolos como un escudo humano".

Todo ello ha resultado en el "secuestro" de los "ya escasos medios de seguridad". "Mientras una dotación queda anclada a labores de traslado y otras son confinadas en un solo barrio, el resto del municipio de Roquetas de Mar está desprotegido, dejando la seguridad ciudadana de los verdaderos contribuyentes al amparo de su suerte".

Desde Jucil y CEM han exigido a las autoridades políticas competentes que "asuman sus responsabilidades, doten de medios personales y materiales suficientes a las fuerzas de seguridad y rectifiquen las medidas adoptadas que ponen en riesgo a los agentes".

También han reclamado que se asuman "de una vez por todas la obligación de acotar y reducir el grave problema de inseguridad en el municipio, con soluciones reales y no con parches que empeoran la situación y ponen en riesgo a los agentes y a la ciudadanía".