ALMERÍA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Andalucía ha decidido no emprender la vía civil en los tribunales para poder inscribir registralmente a su nombre las fincas en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), sobre las que se levanta el hotel de Azata del Sol después de que los servicios jurídicos hayan considerado "no conveniente" iniciar otro procedimiento judicial hasta que el Tribunal Supremo (TS) decida, entre otros extremos, si el suelo es urbanizable o, por el contrario, goza de especial protección.
Así lo ha indicado el consejero andaluz de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, quien ha aludido a la "inmediatez" con que parece se va a producir la sentencia del Alto Tribunal para unificar doctrina sobre la calificación del terreno y, también, sobre el derecho de retracto que ejerció la Junta sobre el suelo por 2,3 millones de euros pese a que ya hay una resolución en firme que le da la titularidad del mismo frente a la promotora del hotel.
A preguntas de los periodistas en Almería, Fiscal ha trasladado que los servicios jurídicos, tras analizar el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que le denegaba auxilio judicial para tomar posesión de las fincas y le remitía a la vía civil para inscribirlas registralmente, "aconsejaron que, en tanto se producen las sentencias que estamos esperando y parece que se producirán en un periodo muy breve de tiempo, no conviene iniciar otro procedimiento".
"El embrollo jurídico en torno a este asunto es muy importante y parece que la luz al final del túnel está próxima, por lo que estamos esperando a ver lo que dice el Tribunal Supremo para actuar en consencuencia, siempre desde el máximo respeto", ha subrayado.
Cabe recordar que el TSJA indicó al Gobierno andaluz en junio que debía emprender la vía civil interponiendo demanda contra la mercantil Azata para poder inscribir registralmente a su nombre las fincas en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), sobre las que se levanta el hotel y "entrar a tomar posesión" para poder dar, así, cumplimiento al protocolo conjunto firmado en 2011 con el Ministerio de Medio Ambiente para demoler el inmueble y restaurar la playa.
La Sala de lo Contencioso-administrativo denegó así las medidas solicitadas la Junta en el marco del incidente de ejecución forzosa del fallo que validó el derecho de retracto que le daba la titularidad del suelo dado el "notorio interés medioambiental" de la zona.
En concreto, el ejecutivo que preside Susana Díaz le solicitó al Alto Tribunal andaluz "auxilio judicial" y que expidiese una "autorización de entrada" en los terrenos para "tomar posesión de la finca" ante la "actitud de las entidades Azata del Sol y Azata Patrimonio SL" que, según remarcaba, ha "impedido la entrega voluntaria" de la finca adquirida en 2006 por la administración autonómica por un importe de 2,3 millones de euros.
También pedía que se requiriese a la mercantil para que designase una cuenta bancaria "en la que hacer efectivo el pago del precio del retracto" o que el propio tribunal señalase una cuenta "en la que llevar a cabo la consignación judicial" de esta cuantía.
La promotora del hotel ya apuntó, al oponerse a lo solicitado por el Gobierno andaluz, que para "poder formalizar el ejercicio del derecho de retracto se debe dirimir en la vía civil" y aludía a que así lo recogía una resolución de la Dirección General de los Registros y el Notariado en la que se señala que cuando la administración pública "ejerce un derecho de retracto está desprovista del privilegio de ejecutoriedad, debiendo acudir, como cualquier otra persona al juez civil".
Otras dos sentencias que validan el derecho de retracto, al margen de la firme que la Junta pidio ejecutar, se encuentran recurridas ante el Tribunal Supremo por Azata y Azata del Sol mientras que también está pendiente el pronunciamiento sobre la calificación del suelo dada la existencia de dos sentencias contradictorias del TSJA; una, en 2012, declaro que el suelo de El Algarrobico estaba enclavado en el parque natural de Cabo de Gata y era de especial protección mientras que, la segunda, en 2014, falló que, por el contrario, era suelo urbanizable.
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