El equipo de arqueólogos afirma que ningún almeriense podrá saber ya dónde están los restos de sus familiares
ALMERÍA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Andalucía, a través del portavoz de la Oficina de Vicepresidencia en Almería, Rafael Salazar, ha señalado este jueves la ausencia de datos y documentos en el archivo municipal de Almería sobre las supuestas remociones de terreno llevadas a cabo durante la época franquista en el cementerio de la capital con las que, según el resultado de las catas arqueológicas, se habrían extraído los restos óseos que ocupaban las fosas de represaliados para ser reemplazados por otros enterramientos de caridad al menos en tres ocasiones entre 1960 y 1975.
En rueda de prensa, Salazar ha defendido este jueves la actuaciones llevada a cabo en el cementerio de San José y Santa Adela de la capital para tratar de exhumar a varias víctimas de la Guerra Civil y la represión pese a no haber podido cumplir con el objetivo inicial al constatar la ausencia de cuerpos con signos de muerte violenta y comprobar que los restos hallados corresponden a enterramientos ritualizados de años posteriores.
"Hemos estado buscando y hemos encontrado algo pero que el horror, y es que las víctimas fueron víctimas dos veces: primero fusilados y luego por la profanación de sus tumbas", ha sentenciado Salazar, que ha responsabilizado a la administración local de una supuesta falta de documentos en sus archivos que evidencien documentalmente que los cuerpos que se buscaban habían sido desplazados sin previo aviso a los familiares. Así, cree que las excavaciones suponen la "primera prueba fehaciente" de que de estos movimientos de tierra
De esta manera, ha incidido en la "rigurosidad" y "profesionalidad" de las investigaciones realizadas por las asociaciones memorialistas, que "en diversas ocasiones" se han dirigido al Ayuntamiento de Almería, entre otras instituciones, para concretar la investigación más allá de la localización de las fosas, que "eran correctas". En este sentido, el historiador y presidente de la asociación 'Almería y su pasado reciente', Juan Hidalgo, ha criticado que se haya tachado de "chapuza" o "escándalo" el trabajo ejecutado.
En cuanto a la presunta falta de esta documentación sobre los movimientos de tierras y enterramientos, de los que se tenían indicios por testimonios como los del antiguo sepulturero municipal, Hidalgo no cree que la información haya sido "hurtada" o "eliminada" de los archivos, si bien ha reconocido que en la época en la que se practicaron estos traslados los consistorios "no tenían que rendir cuentas a nadie", por lo que no constarían diligencias de traslado, según sus investigaciones.
Con esto, Salazar ha identificado como responsable al Ayuntamiento de Almería, que, entendido como institución, es el "responsable del cementerio". "El Ayuntamiento no ha aportado, ni en los encuentros tenidos con las asociaciones, ni posteriormente tampoco a la Dirección General de Memoria Democrática, información relativa a haberse producido desalojos o exhumaciones en fosas en tierra", ha recalcado antes de matizar la posible inexistencia de esta información, de lo que en cualquier caso, también ha culpado a la institución.
En el mismo sentido se ha expresado el director arqueológico de las exhumaciones, Juan Luis Castro, quien considera que el Ayuntamiento tiene que responder a la falta de "evidencias" en el archivo las exhumaciones practicadas sin notificación a los familiares. "A este familiar no se le consultó, y así fue con el resto, y con todos los almerienses que tenían sus fosas en tierra", ha insistido Castro, para quien ningún almeriense podrá saber ya dónde reposan los restos de sus allegados ante el desmantelamiento repetido del primer recinto. Unas 14 personas más habían solicitado la exhumación de familiares a raíz de estos trabajos.
LAS ASOCIACIONES ESTUDIARÁN MEDIDAS
A raíz del resultado de este proceso, las asociaciones memorialistas han anunciado que van a reunir a sus socios y personas que habían interesado la exhumación de familiares para estudiar posibles medidas administrativas o judiciales, si bien la pérdida de lo que han considerado también como "pruebas de lesa humanidad o genocidio" podría haber prescrito ante un tribunal.
El presidente de la asociación Memoria y Libertad, Francisco Ortega, quien además había interesado la búsqueda de los restos de su padre, Torcuato Ortega, considera que "alguien tiene que responder por esto". Asimismo, ha defendido la actuación, iniciada "con toda la ilusión" de encontrar a sus allegados al tiempo que ha reprochado al Ayuntamiento de Almería que se haya tratado de usar sus palabras sobre sus dudas iniciales a que se encontraran restos de represaliados para criticar la actuación. "Hemos ido hasta el fin, era la forma de quedarnos tranquilos", ha apostillado.
Igualmente, han criticado el carácter "selectivo" de estas remociones de terreno, ya que "sí se ha respetado" el enterramiento que hay a pocos metros de la fosa de Torcuato Ortega en la que reposan los restos de las víctimas de la represión republicana. "La memoria fascista de Almería se conserva estupendamente", ha añadido Castro en referencia a la tumba identificada.
DEVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO
El arqueólogo también ha señalado que el presupuesto de esta actuación se situaba en unos 15.000 euros, si bien tras haberse realizado solamente dos semanas de trabajo, será recalculado para devolver el excedente a las arcas de la administración autonómica. No obstante, durante la rueda de prensa, Castro ha señalado que los familiares de Martín Márquez han insistido en que se excave en el lugar donde estaría posiblemente su fosa, ubicada bajo unos nichos, para lo que se va a dar dos semanas de plazo a fin de pensar en una solución técnica que pudiera permitir acceder a este enterramiento.
En cualquier caso, Castro ha criticado que se haya tratado de "victimizar" a los familiares de las víctimas por el hecho de "intentar" recuperar los restos de sus seres queridos y ha advertido que la institución municipal es la "heredera" de los "fallos" que se produjeron en el pasado, en relación a la documentación de movimientos de tierra.
Por otro lado, tanto el equipo arqueológico como Ortega han expresado sus disculpas por las fotos realizadas sobre las fosas en las que aparecía una bandera republicana, si bien ha justificado que a quienes se buscaban "eran a republicanos fusilados por el fascismo" en una fosa con ubicación correcta. "No entendíamos que fuera una falta de respeto ni un desatino colocar una bandera republicana con la que se identificaban esas víctimas", han apuntado.
