ALMERÍA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -
El PP-A ha anunciado este jueves que va a instar a los grupos parlamentarios andaluces a "intensificar" los trabajos para que el proyecto de ley de reforma de Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) "pueda ser aprobado" antes del 31 de julio y ha trasladado que exigirá al Gobierno andaluz "medidas urgentes y transitorias" para que, en tanto se regularizan las viviendas fuera de ordenación, estas puedan acceder a los suministros básicos de luz y agua.
Así lo ha indicado la vicesecretaria de Organización del PP-A y portavoz de Medio Ambiente en el Parlamento, Patricia Navarro, quien ha asegurado en rueda de prensa en Almería que su grupo va a presentar 15 enmiendas a este proyecto de ley con las que quiere contribuir "a mejorar" ese texto normativo y a solucionar parte del problema que tienen los afectados de viviendas irregulares en Andalucía y en Almería.
Navarro ha considerado que la reforma de la LOUA "llega tarde", no solo porque lleva seis meses en "dique seco" en el Parlamento de Andalucía desde que fue registrado, sino también porque viene a enmendar el Decreto 2/2012, por el que se intentaba solucionar el problema de las viviendas irregulares. "Cuatro años después el Gobierno andaluz ha tenido que recurrir a un nuevo texto normativo porque aquel no fue capaz de darle respuesta a estos problemas", ha afirmado.
Al hilo de esto, ha dicho que se trata de un proyecto que llega nuevamente "sin ambición y a medio hacer" ya que cuenta con un artículo único que modifica tres artículos de la LOUA, una disposición adicional de primera, segunda, y tercera, una disposición transitoria única y una disposición derogatoria.
"Una vez más con este proyecto de Ley desde el PP pensamos que el Gobierno andaluz y Susana Díaz han tenido la posibilidad en su mano de dar respuesta, solución, seguridad y certidumbre a los más de 300.000 andaluces que viven con la amenaza constante del derribo de su hogar, y sin embargo no han hecho nada, porque el Proyecto de Ley va a afectar como mucho al 10% de las viviendas irregulares, lo que supondría unas 3.000 viviendas en la provincia de Almería de las 15.000 que hay en situación irregular", ha señalado.
Navarro ha explicado también como con esta ley "toda la responsabilidad "cae a los ayuntamientos, que tienen que hacer el censo de viviendas irregulares, y la tramitación administrativa, "sin ningún compromiso por parte del Gobierno andaluz de ponerles por delante ningún recurso, ni económico ni humano, que contribuya a que este procedimiento de regularización lo puedan llevar a buen fin" al tiempo que ha lamentado que "no evita que esto vuelva a ocurrir en el futuro, porque no le pone límites".
"LEY DE SEGUNDA OPORTUNIDAD"
Para el PP-A, "la verdadera solución "es una Ley de Segunda Oportunidad que regularice el máximo posible de viviendas irregulares, "del tipo que sean" y que, a su juicio, sería también una "ley de punto y final porque se cerraría radicalmente la posibilidad de construir de forma ilegal en nuestros pueblos y ciudades".
En relación a las 15 enmiendas presentadas por el PP, Navarro ha señalado que se pueden agrupar en cinco bloques. El primero da respuesta a la petición del Decanato de Registradores de Andalucía Oriental y "con él se garantizaría que los adquirientes de buena fe no tendrían problema a la hora de hacer la inscripción de su vivienda en el registro".
En segundo lugar, se reclama al Gobierno andaluz que en el plazo de dos años remita al Parlamento una Ley de Segunda Oportunidad y que suponga la regularización del máximo número de viviendas y el punto y final al urbanismo irregular en Andalucía.
El tercer bloque es un texto refundido de toda la normativa urbanística y de ordenación del territorio, "porque la dispersión es tal que lo único que hace es general más inseguridad jurídica y más confusión en aquellos que tienen que aplicarla", según ha explicado.
"Por eso le pedimos que unifiquen y armonicen, a la par que también le pedimos una instrucción del Gobierno andaluz donde se establezcan claramente los procedimientos a seguir en la tramitación de regularización de las viviendas irregulares una vez que el Proyecto de Ley sea aprobado", ha apuntillado.
El cuarto bloque se refiere a una petición de agentes económicos y sociales de Andalucía que es la "elaboración de un reglamento de planeamiento que debe desarrollar toda la LOUA" y el quinto bloque es un programa de cooperación y auxilio para los municipios andaluces, para que puedan desarrollar con todas las garantías y aplicar el contenido de esta normativa, poniendo la Junta recursos económicos y humanos para la aplicación de esta norma, pero también sustituyendo siempre de acuerdo con el Ayuntamiento las funciones que le encarga al Ayuntamiento cuando éste no pueda ejercerlas.
30% DE MUNICIPIOS SIN INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO
Navarro ha insistido en que el principal problema que tiene el urbanismo en Andalucía es la asignatura pendiente de los instrumentos de planeamiento que la Junta tiene pendiente aprobar en Andalucía. En este sentido, ha recordado que el "30% de municipios aun no cuentan con instrumento de planeamiento, sólo el 27% cuentan con un PGOU".
Por todo ello, ha exigido a la Junta "la agilización" de la tramitación de los PGOU que están en manos del Gobierno andaluz para que en el plazo de dos años sean aprobados, y los que no están en tramitación que se inicie en este periodo de dos años la tramitación.
"Vamos a instar a los grupos parlamentarios a conformar un grupo de trabajo en el seno del Parlamento para analizar de forma detallada los problemas que aquejan al urbanismo en Andalucía, y abordar las medidas encaminadas a mejorar este ámbito, pero sobre todo a intentar solucionar el problemas de las viviendas ilegales en Andalucía", ha concluido.