Tribunales.-AV.-Juez ve prevaricación y cohecho en el alcalde de Zurgena e incoa procedimiento abreviado

Actualizado: martes, 7 julio 2009 14:07

El instructor ha dado traslado al fiscal para que formule acusación contra un total de 25 imputados por la operación 'Costurero'

ALMERÍA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El juez instructor de la causa contra el alcalde de Zurgena (Almería), Cándido Trabalón, y el ex concejal de Urbanismo, Manuel Tijeras (PA), quienes fueron detenidos en abril de 2008 en el marco de la operación 'Costurero', ha resuelto incoar procedimiento abreviado al estimar que ambos incurrieron en la comisión de presunta prevaricación, contra ordenación del territorio, cohecho y falsedad documental, delitos a los que, en el caso del ex edil desde que presentase su renuncia en mayo, suma el de actividad prohibida a los funcionarios públicos.

En el auto dictado el pasado día 19 por el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Huércal-Overa, al que tuvo acceso Europa Press, se atribuye al regidor zurgenero el permitir la obtención de licencias urbanísticas "ilegales" mediante silencio administrativo o haber dado voto favorable para la concesión de licencias de obra mayor y licencias de segregación sin cumplir requisitos exigidos por la ley.

Señala, en esta línea, la construcción de cinco viviendas unifamiliares en un solar situado en el paraje de Los Menchones y un edificio de tres alturas en el centro urbano del municipio sobre suelo que eran propiedad de su padre por parte de empresas promotoras a las que, al parecer, "se daba trato de favor" y la existencia de "cantidades injustificadas siempre inferiores a 3.000 euros" en cuentas bancarias donde Trabalón figura como titular.

Con respecto a Manuel Tijeras, el auto por el que el juez da traslado al fiscal para que formule escrito de acusación contra un total de 25 imputados entre los que figuran constructores, funcionarios y arquitectos le vincula a la concesión de licencias en suelo no urbanizable "a sabiendas de que contravenían el ordenamiento jurídico" y, sobre todo, a la expedición de permisos de primera ocupación en viviendas sobre las que pesaban medidas judiciales cautelares de suspensión.

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