ALMERÍA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Medio Ambiente de Almería cerró el ejercicio 2008 con la tramitación de procedimientos penales por la presunta comisión de un delito de prevaricación urbanística contra, al menos, 15 alcaldes de la provincia que, en algunos casos, se enfrentan a múltiples causas por la concesión de licencias administrativas "contrarias claramente", en principio, a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
Así se recoge en la memoria anual del órgano, a la que tuvo acceso Europa Press, y en la que el Ministerio Público destaca por su "especial interés" el incremento de los procesos contra más de un 14 por ciento de los regidores y a los que añade la incoación de dos escritos de acusación contra regidores por supuesta omisión del deber de perseguir delitos, lo que duplica la cifra que se ofreció en el balance del ejercicio 2007.
El documento no se extiende, sin embargo, en más valoraciones frente a la línea en que se publicó el pasado año y en el que el Ministerio Público vertía duras críticas contra los responsables de las corporaciones locales de la provincia implicadas --un total de 13-- a los que atribuía "frecuentes intentos por salvar las irregularidades que posiblemente había consentido" a través de los planes generales de ordenación urbana (PGOUs).
Por contra, se vuelve a incluir en la memoria una reflexión sobre el hecho de que son "prácticamente inexistentes" las diligencias incoadas por los Ayuntamiento que, según critica, con competencia en disciplina urbanística, no están remitiendo a Fiscalía denuncias relacionadas con construcciones ilegales.
El número de procedimientos judiciales seguidos por delitos relacionados con el Medio Ambiente, el Urbanismo y el Patrimonio Histórico durante 2008 ha continuado la línea de "crecimiento" constante" --ahonda-- iniciada en los últimos cuatro años. Así, son 121 los procesos por delito contra la ordenación del territorio incoados frente a los 111 de 2007 o, lo más significativo, los apenas 17 del año 2004.
Las diligencias de investigación han experimentado, sin embargo, lo que califica de un "fuerte descenso", casi a la mitad al pasar de 88 a 48, que la Fiscalía Provincial achaca a la recesión en la oroducción del sector de la construcción experimentado a nivel nacional que, "lógicamente" habrá repercutido en la edificación de viviendas ilegales, según subraya pese a matizar que el "demasiado significativo" para que está sea la única causa.
La memoria hecha pública hoy recoge, asimismo, la celebración de 29 juicios ante los Juzgados de lo Penal por delitos contra la ordenación del territorio, una cifra que tilda de "baja" pese los sólo once ejecutados en 2007 si se compara con los procedimientos que se han incoado. Al hilo de esto, apunta de nuevo a la "complejidad" de la fase instructora en este tipo de delitos y la falta de medios personales en donde más se tramitan.
