El exdelegado Clemente García, a la salida de la Ciudad de la Justicia
EUROPA PRESS
Actualizado: miércoles, 23 diciembre 2015 10:47

ALMERÍA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La juez que instruye el caso 'Cheques' que investiga la presunta malversación de más de 300.000 euros de una cuenta de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha dictado el sobreseimiento de la causa con respecto al exdelegado Clemente García al no apreciar indicios de su participación en el ilícito penal.

El auto acuerda continuar el procedimiento contra el funcionario del departamento Miguel G.L., quien irá a juicio con un tribunal de jurado por presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

Cabe recordar que fue el empleado público quien, en una primera fase de la investigación, señaló tanto a García, ahora eximido, y al entonces secretario de la Delegación Provincial, para quien ya se decretó sobreseimiento.

Durante la comparecencia prevista en la Ley del Jurado celebrada el lunes en el Juzgado de Instrucción 1 de Almería, el fiscal interesó lo ahora acordado por la jueza mientras que la Junta de Andalucía, personada como acusación particular, no modificó y decidido acusar tanto a García como a Miguel G.L. Las mismas fuentes han precisado que la administración no se plantea, en principio, recurrir.

En declaraciones a los periodistas a su salida de la Ciudad de la Justicia, García trasladó su "satisfacción" por la petición del Ministerio Público ya que demostraba, según dijo, "que no tengo absolutamente nada que ver con este asunto tan desagradable como ya dije desde el principio" al tiempo que lamentó que la Junta de Andalucía siguiese "empeñada en meter la burra de culo.

Entre las diligencias que se solicitaron en la comparecencia, el Ministerio Público pidió que se oficiase a las entidades financieras en las que tiene abiertas cuentas Miguel G.L. para que remitan informes de los movimientos registrados.

Por otra parte, la entidad bancaria en la que se cobraron los cheques, en una segunda tanda "sin estar ya autorizado" el funcionario investigado, quien además habría "falseado" presuntamente su DNI "modificando un número", trasladó que va a consignar en el juzgado 112.000 euros para hacer frente a una eventual responsabilidad civil subsidiaria.

El juzgado instructor acordó en noviembre mediante auto que la causa se tramitase por la Ley de Jurado ya que estimó que concurrían indicios suficientes de la presunta comisión de un delito de malversación de caudales públicos.

La resolución llegó después de que se completaran las últimas diligencias ordenadas, en concreto, un informe ampliatorio que ofició para indagar en su patrimonio del funcionario y por cuyas conclusiones tuvo que prestar una nueva declaración con asistencia letrada en sede judicial el pasado octubre.

Según lo que ha trascendido de la instrucción, de la cuenta investigada, sin fiscalizar y en la que se ingresaba el canon forestal que se cobra a cazadores, madereros y particulares, se retiraron "paulatinamente" cheques por diversas cuantías. Un 85 por ciento de la recaudación obtenida por esta tasa revertía en los ayuntamientos mientras que el 15 por ciento iba a parar a las arcas de la administración autonómica.

La mayor parte de las disposiciones se habrían efectuado por cantidades inferiores a 3.000 euros para "burlar el control de la Agencia Tributaria" y muchas de extracciones habrían tenido lugar "el mismo día" y "a intervalos de escasos minutos" sin que, al parecer, en los cheques depositados "se hiciera constar en el reverso la identidad o el DNI del individuo que disponía de dicha suma económica" aunque los testigos de la entidad financiera habrían identificado a Miguel G.L. como la persona que cobraba esos cheques.

Así, la instrucción apuntaría al funcionario, sobre todo a raíz de esta última pericial aportada a la causa que señala, en la primera remesa de 'cheques' de 2009, "correspondencias" entre las cantidades cobradas en efectivo con cargo a esa cuenta autonómica y los ingresos realizados con poca diferencia en el tiempo por Miguel G.L. en cuentas de las que era titular. A eso se une que las disposiciones también se prolongaron en el tiempo con diferentes personas al frente de la Delegación Provincial de Medio Ambiente y él como supuesto "denominador común".

La denuncia que interpuso la Junta de Andalucía, y a raíz de la que se incoaron diligencias previas por indicios de malversación de caudales públicos, recogía que con Clemente García al frente de la Delegación de Medio Ambiente se produjeron movimientos por valor de 180.000 euros. Mientras, con su sucesora en el cargo, los movimientos alcanzaron unos 104.000 euros al tiempo que con quien ha sido hasta hace poco responsable del departamento y promotor de la denuncia como perjudicado, José Manuel Ortiz Bono, la cuantía habría alcanzado los 40.000 euros.

TRIBUNAL DE CUENTAS

Paralelamente, está pendiente de sustanciar en el Tribunal de Cuentas el procedimiento de reintegro por alcance que se sigue por este pago "injustificado" de cheques.

Fue precisamente la administración autonómica la que puso en conocimiento del Tribunal de Cuentas, a través de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, presuntas "irregularidades" que se habían detectado en una cuenta bancaria "sin fiscalizar" hasta 2013 y en la que se ingresaba el canon forestal.

El Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento, que debe ahora dictar sentencia, acordó, asimismo, pedir testimonio al Juzgado de Instrucción 1 de Almería de la causa penal para dirimir si existió malversación de caudales públicos entre los años 2009 y 2012.

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