Este interventor de la Junta está imputado ya en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos
SEVILLA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Sevilla ha solicitado al juez que investiga las irregularidades en procedimientos de contratación para adjudicar obras seguidos por la comunidad de regantes Las Marismas del Guadalquivir tras recibir en 2004 una subvención de 40,1 millones para la modernización de su red de riegos, que cite en calidad de investigado --lo que se conocía antes como imputado-- a un interventor delegado de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta.
En un escrito elevado al Juzgado de Instrucción número 16, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público pide al juez que cite como investigado a Juan Luque --imputado en el caso de los ERE irregulares-- "por su participación como interventor delegado de la Consejería de Agricultura en el pago de la subvención correspondiente a la primera certificación" de las obras --4,2 millones-- "desobedeciendo por completo al procedimiento establecido y sin cumplir con los requisitos legalmente establecidos para la autorización de dicho pago".
Los agentes del Equipo de Delincuencia Económica y Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil de Sevilla ya tomaron declaración como imputado por un delito de prevaricación a Juan Luque, actual interventor de la Consejería de Hacienda de la Junta, ya que según los agentes habría firmado una serie de documentos "imprescindibles para que la Tesorería del Instituto Andaluz de Reforma Agraria haga efectivo el pago de la subvención en la primera certificación".
La Fiscalía también pide al juez Juan Gutiérrez Casillas que técnicos de la Junta que sean especialistas en regadíos y obra pública elaboren un dictamen pericial donde se analice la obra realmente ejecutada, la obra certificada y la obra realmente pagada, y donde también hagan una comparación de los diferentes proyectos.
De igual modo, solicita que se recabe el auxilio jurisdiccional de la Agencia Tributaria "para el análisis de las certificaciones y pagos/cobros correspondientes a las mismas", así como que se requiera a la Comunidad de Regantes de las Marismas del Guadalquivir para que aporte una copia de la escritura pública de constitución, su libro de actas y de las sesiones de la Mesa de Contratación donde se acordó la adjudicación de las obras.
También interesa que la Comunidad de Regantes entregue el original de las certificaciones de obra, justificantes de abono de las distintas certificaciones, y facturas presentadas para proceder al pago de las certificaciones.
"COMPLEJIDAD" DE LA CAUSA
La Fiscalía, asimismo, pide al juez instructor que oficie a la Guardia Civil para que identifique a las personas que, a lo largo del desarrollo de la obra, compusieron el comité de Gerencia de la UTE, así como que cite a declarar como testigos a seis personas.
Por último, el Ministerio Público solicita al magistrado que, en virtud de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que acota los tiempos de instrucción de las causas, proceda a la "declaración de complejidad" de la causa.
A su juicio, "es razonable pensar que la fase de instrucción no va a poder completarse antes del 6 de junio de 2016, pues tiene por objeto numerosos hechos punibles, involucra a gran cantidad de investigados --por el momento, 21-- y exige la realización de la pericial" solicitada, que es "de notable complejidad".
En esta causa, cabe recordarlo, hay 21 personas encausadas, entre ellas dos ex altos cargos y tres funcionarios de la Consejería de Agricultura de la Junta.
Según el juez, fue el 13 de octubre de 2004 cuando el presidente del Instituto Andaluz de Reforma Agraria dictó una resolución por la que se resolvía favorablemente la solicitud realizada por esta comunidad de regantes y se aprobaba así el proyecto de modernización presentado con un presupuesto de inversión subvencionable de 66,6 millones, de los que se concedía a los regantes una subvención de 40,1, el equivalente al 60,23 por ciento del total.
