SEVILLA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publica este martes 11 de abril el texto de la Ley de Economía Circular de Andalucía, aprobada el pasado 22 de marzo por el Parlamento con los votos a favor de PP y PSOE, el voto contrario de Vox y la abstención de Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía.
La norma, consultada por Europa Press, incluye una disposición final que establece que la entrada en vigor se producirá a los 20 días de su publicación en el BOJA, que se cumplirán el próximo 1 de mayo.
Otras disposiciones finales fijan plazos temporales más amplios, de un año para la implantación efectiva de sistemas digitales de gestión de recursos hídricos y la inclusión de cláusulas medioambientales en los procesos de contratación y de dos años para aplicar las medidas de seguridad previstas en los puntos limpios fijos que reciban residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
La Ley de Economía Circular se estructura en noventa y cuatro artículos, distribuidos en siete títulos, y tiene seis disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y quince disposiciones finales.
La norma prevé la creación de la Oficina Andaluza de Economía Circular y la elaboración de una Estrategia Andaluza para la Economía Circular y de instrumentos de planificación de ámbito local, obligatorios, al menos, para la gestión de residuos municipales.
Recoge la incorporación de cláusulas medioambientales y circulares para la contratación pública y en su Título III aborda la implantación de la economía circular en la Comunidad Autónoma, con aspectos el análisis de ciclo de vida de productos, obras y servicios y para ello pone en marcha el Registro público andaluz de análisis de ciclo de vida.
Contempla también la Ley de Economía Circular mecanismos para lograr la circularidad en la producción y el consumo y la lucha contra todos los tipos de obsolescencia, con la pretensión de reducir la cantidad de residuos generados a través de la gestión de los bienes no vendidos y el impulso a la reparación.
PROYECTOS DE VALORIZACIÓN PARA INVERSIONES EMPRESARIALES ESTRATÉGICAS
Para favorecer las inversiones en economía circular, la norma prevé que los proyectos de actividades de valorización material sean considerados como inversiones empresariales de interés estratégico.
Establece también el principio de jerarquía de los residuos y se transponen objetivos concretos y cuantificables de diferentes directivas europeas sobre residuos, aún no transpuestos a la normativa nacional, siempre en el ámbito de competencias autonómico.
La ley aboga por establecer procedimientos específicos para el caso en que una sustancia u objeto de un proceso productivo concreto, desarrollado en Andalucía, pueda ser considerado subproducto y se especifica el procedimiento para que, en ausencia de órdenes ministeriales, un residuo valorizado en una instalación ubicada en territorio andaluz pueda dejar de ser residuo para su uso en una actividad o proceso industrial.
En el texto se aborda la recogida de basuras marinas; las cadenas de valor de electrónica, tecnologías de la información y la comunicación, baterías y vehículos, con aspectos como la recogida y gestión de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos y los vehículos al final de su vida útil; además de la circularidad en el sector textil, junto con la aceleración de la transición hacia la economía circular en los alimentos, nutrientes y bioproductos, como la planificación sobre el desperdicio alimentario.
También se aborda la aplicación de los principios de economía circular al ciclo integral del agua, como la gestión sostenible del drenaje pluvial y la utilización de aguas regeneradas, con especial atención a las masas de agua clasificadas en mal estado, así como al uso de lodos de depuradora.
En el caso de la construcción y edificios se establecen los principios, criterios y herramientas para fomentar la circularidad en el sector, desde la fase de diseño hasta la gestión de los residuos producidos en la actividad de la obra tanto pública como privada.
La norma prevé también un régimen sancionador, con una escala de infracciones muy graves, graves y leves, que en el primer apartado contempla multas de entre 60.001 y 120.000 euros o hasta el doble
del beneficio obtenido con motivo del hecho sancionado, mientras que en el apartado; de entre 30.001 y 60.000 euros para las graves; mientras que en las infracciones leves la multa de hasta 30.000 euros.
