La Junta moderniza su normativa ambiental e impulsa a Andalucía hacia la Revolución Verde del siglo XXI

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha centrado este martes el debate del Foro Joly Andalucía, organizado por el Grupo Joly, en el nuevo marco legislativo que está construyendo el Gobierno andaluz para modernizar la política ambiental de la comunidad autónoma y situarla "a la altura de los retos del siglo XXI".

Según ha informado la Junta en una nota, durante su intervención, la consejera ha desgranado los principales contenidos de las tres leyes que marcarán el futuro inmediato de Andalucía en materia ambiental (la Ley de Montes, la Ley de Agentes de Medio Ambiente y la Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía), a las que se suma la aprobada Ley de Economía Circular de Andalucía, de 2023.

"Estas cuatro normas suponen la mayor modernización legislativa en materia ambiental de este siglo en Andalucía", ha afirmado García, quien ha subrayado que juntas "relanzan la actividad económica a través de la simplificación administrativa y la seguridad jurídica", demostrando que "la sostenibilidad y el desarrollo no son conceptos opuestos, sino dos caras de una misma moneda".

Por otro lado, la consejera ha explicado que este proceso de renovación normativa parte de una "premisa esencial" ya que, tal y como ha afirmado, "no se puede proteger el medio ambiente del siglo XXI con las herramientas del siglo XX". La sociedad, la economía y la tecnología han cambiado, y "con ellas deben hacerlo las leyes que regulan la gestión del entorno natural". El objetivo del nuevo marco es "simplificar la relación de los ciudadanos, empresas y ayuntamientos con la Administración, aportar claridad y agilidad a los procedimientos, y fortalecer la confianza en las instituciones".

Catalina García ha defendido que Andalucía está demostrando que puede ser referente "no solo por su riqueza natural", sino también por su capacidad de gestión, "por su forma de gobernar lo ambiental con responsabilidad, rigor técnico y sensibilidad social". La consejera ha destacado que las tres leyes que afrontan actualmente su tramitación en el Parlamento de Andalucía son el resultado de un trabajo participativo, dialogado y técnicamente riguroso, con años de análisis, informes, consultas y aportaciones de todos los sectores implicados.

"Desde el primer momento quisimos que fueran leyes construidas desde el consenso y no desde la imposición", ha señalado. "No sé si se podrían haber hecho más rápido, pero no tengo duda de que no se podían haber hecho mejor". En este proceso, tal y como ha dicho, se ha escuchado a colegios profesionales, organizaciones empresariales, ecologistas, sindicatos, ayuntamientos, universidades, asociaciones ambientales y técnicos de la administración, "en un ejercicio de transparencia y escucha activa que refuerza su legitimidad".

Asimismo, García ha incidido en que el Gobierno de Juanma Moreno "ha hecho del diálogo una herramienta de progreso", como lo demuestran acuerdos como el Pacto Andaluz por el Agua, el Pacto por la Caza o el Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía, donde precisamente se enmarca la nueva Ley de Gestión Ambiental.

UNA NUEVA LEY DE MONTES ADAPTADA

La Ley de Montes de Andalucía (LEMA) ha actualizado la normativa forestal vigente desde 1992, anterior incluso a la Ley estatal de Montes. El texto consta de 7 títulos y 144 artículos, y recoge un enfoque integral que armoniza la gestión pública y privada, la biodiversidad, la prevención de incendios y la bioeconomía rural. La consejera ha indicado que los montes andaluces son patrimonio colectivo, "una fuente de vida, economía, identidad y bienestar para todos los andaluces".

En este sentido, el nuevo marco reconoce la gestión forestal sostenible como herramienta esencial para la conservación del territorio y la lucha contra el cambio climático. Entre sus principales novedades, la ley crea el Consejo Andaluz de Política Forestal y Biodiversidad, que sustituirá al actual Consejo Andaluz de Biodiversidad y ampliará la participación del sector. Además, refuerza la colaboración con las entidades locales mediante convenios para la gestión de montes municipales, simplifica los procedimientos a través de declaraciones responsables y establece el Registro de Montes Públicos de Andalucía, que sustituirá al antiguo Catálogo.

Por otro lado, la LEMA ha incorporado instrumentos de fomento forestal, crea el Registro Andaluz de Empresas e Industrias Forestales, ha impulsado la ganadería extensiva y los usos silvopastorales, y ha integrado medidas de prevención y restauración frente a incendios.

La consejería ha asegurado que, por primera vez, esta ley ha regulado los servicios ambientales de los montes, como la absorción de CO2 o la filtración del agua, que podrán ser objeto de compensación económica.

LA LEY PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DE ANDALUCÍA

La segunda de las normas, la Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía (Legam), sustituirá a la actual Ley GICA 7/2007, que había quedado obsoleta. Su finalidad es agilizar, simplificar y modernizar la administración ambiental, sin renunciar a las máximas garantías de protección. El texto, compuesto por 9 títulos y 197 artículos, se apoya en los principios de prevención, transparencia y participación ciudadana, e introduce mecanismos innovadores para reforzar la coordinación entre administraciones. Entre ellos, la metodología Lean para agilizar los informes ambientales y un Registro de participación ciudadana que garantizará la transparencia de los procesos.

De este modo, la Legam reducirá los tiempos de tramitación de las autorizaciones ambientales, que pasarán a resolverse en plazos de cinco o seis meses, y permitirá que las declaraciones responsables tengan efecto inmediato. La ley también ha creado la licencia ambiental, que sustituirá a la antigua calificación municipal y aliviará la carga administrativa de los ayuntamientos, especialmente en los pequeños municipios. Asimismo, ha actualizado los instrumentos de prevención y evaluación ambiental, ha introducido la evaluación de impacto en la salud, ha reforzado la inspección y control, y ha modernizado la regulación de emisiones, contaminación acústica y lumínica, residuos y calidad del suelo.

En este sentido, la consejera ha resaltado el carácter innovador de la prestación ambiental sustitutoria, que permitirá sustituir sanciones económicas por acciones de restauración o educación ambiental, "transformando las infracciones en oportunidades para mejorar el entorno". Además, la ley ha fomentado la ecoinnovación y la economía circular, y ha promovido el empleo verde, la colaboración con entidades verificadoras y la tramitación electrónica integral de los expedientes, "para ganar en eficacia, seguridad y homogeneidad en todo el territorio".

Según ha señalado la citada nota, se trata de "una ley para dignificar la labor de los Agentes de Medio Ambiente La tercera gran norma que ha completado este bloque legislativo es la Ley de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía (LAMA), una reforma estructural largamente demandada por este colectivo".

Catalina García ha hecho hincapié en que esta ley "responde a una deuda histórica con quienes cada día protegen la flora, la fauna y los recursos naturales". La norma ha mejorado sus condiciones profesionales, ha regulado el acceso conforme a la Ley de Función Pública, ha reconocido el derecho a la defensa jurídica y ha contemplado medidas de segunda actividad, formación continua y procedimientos normalizados de trabajo.

Por último, la consejera ha remarcado que la LAMA "fortalece la organización, las competencias y la dignidad profesional" de un cuerpo que desempeña una "función esencial en la custodia del patrimonio natural". García ha cerrado su intervención señalando que todas estas leyes "comparten una misma visión: que la sostenibilidad no es un freno, sino un motor de desarrollo".