Juzgado llama a declarar este lunes a diez testigos en el 'caso de los Uniformes' de Rota

Publicado 13/04/2014 10:58:08CET

ROTA (CÁDIZ), 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Rota (Cádiz) ha citado a declarar este lunes a diez testigos en el denominado 'caso de los Uniformes', en el que hay imputados 18 actuales y antiguos responsables de sucesivos gobiernos locales de PP y Roteños Unidos (RRUU).

Según consta en una providencia fechada el 7 de marzo, a la que ha tenido acceso Europa Press, la titular del juzgado citaba a declarar a un total de 16 testigos --diez de ellos prestarán declaración este lunes y los seis restantes el próximo día 28-- e imputaba a 17 personas más, las cuales se suman al exalcalde de RRUU Lorenzo Sánchez, que hasta la fecha era el único imputado.

Entre los nuevos imputados figuran los 'populares' Eva María Corrales y Juan Antonio Liaño, que actualmente ostentan los cargos de alcaldesa y concejal y diputado provincial de Hacienda, respectivamente, y que formaban parte del equipo de gobierno de Lorenzo Sánchez en el momento de los hechos que se investigan.

En la citada providencia, la juez requiere al Ayuntamiento de Rota diferentes actas de Juntas de Gobierno Local celebradas entre abril de 2004 y diciembre de 2009. Entre ellas, figura el acta de la Junga de Gobierno Local relativa a al adjudicación en junio de 2005 de vestuario para protección civil a Coanda Sociedad Cooperativa, así como el expediente de adjudicación a dicha empresa de suministro a finales de 2006.

Igualmente, ente otras cuestiones, requiere los expedientes de adjudicaciones realizadas por el Ayuntamiento a Pacheco Puyana, S.L., así como información sobre quiénes han desempeñado los cargos de delegado en el departamento de contratación y en el departamento de compra en ese Ayuntamiento desde el año 2003 hasta la actualidad.

Además de a 16 testigos, la juez ha citado como imputadas a 17 personas más como presuntas autoras o cooperadoras necesarias en un delito de prevaricación y negociaciones prohibidas. Todos ellos tendrán que declarar los días 7, 8 y 9 de mayo.

Figuran entre los imputados, además de Corrales y Liaño, los actuales ediles Auxiliadora Delgado (PP), María del Carmen Laynez (RRUU), Montemayor Laynez (RRUU) y los exediles Jesús María Corrales (RRUU), Antonio Alcedo (RRUU), Ismael Puyana (PP), así como varios técnicos municipales y la mujer del exalcalde.

Cabe recordar que el exregidor roteño Lorenzo Sánchez ya prestó declaración en calidad de imputado el pasado 5 de abril de 2013. El caso investiga supuestas irregularidades en la adquisición de material por parte del Ayuntamiento a empresas vinculadas con el antiguo alcalde.

REACCIONES POLÍTICAS

Tras conocerse la decisión de la juez, el secretario de Política Institucional de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Cádiz, Rafael Márquez, destacó la "gravedad" de los hechos y exigió al PP que "no mire para otro lado" y "tome cartas en el asunto".

Recordaba que el caso nació a partir de una denuncia presentada por el PSOE en la Fiscalía, solicitando con posterioridad el fiscal la imputación y que se abrieran diligencias contra Lorenzo Sánchez. Posteriormente, la investigación ha "madurado" derivando en la imputación de 17 personas más, destacando que "no es el PSOE el que ha solicitado las nuevas imputaciones, sino que es el propio fiscal, y lo asume la juez, quienes deciden dar un salto en este tema".

Asimismo, el dirigente socialista llamaba la atención sobre que "no se trata de un hecho aislado", puesto que "esta es la cuarta imputación tanto para la alcaldesa actual como para el exalcalde Lorenzo Sánchez, por lo que entiende que "no tiene sentido que el PP se empecine en mantener este pacto con RRUU", que el PSOE entiende que está "en clara descomposición".

Por su parte, el presidente provincial del PP mostró su "apoyo" a la alcaldesa roteña, asegurando que está "muy tranquila y confía en su inocencia", al tiempo que aseguraba que el PP y sus dirigentes "siempre están dispuestos a colaborar en todo lo que requiera la justicia".

Argumentaba que la providencia de la juez busca "dar celeridad" al procedimiento, señalando que "la mejor garantía" para que se sepa la verdad "es que el caso está bajo la investigación de la justicia". Asimismo, pedía al PSOE que "predique con el ejemplo y, por tanto, exijan explicaciones a sus compañeros en la Junta por los supuestos casos de corrupción den los fondos de formación en la provincia".